El proyecto de Ley de Libertad Educativa modifica el régimen de pasantías escolares

El Proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado para su consideración parlamentaria, introduce modificaciones significativas en los mecanismos que vinculan la educación secundaria con el ámbito laboral. La propuesta legislativa reemplaza el régimen de pasantías educativas actualmente vigente por un sistema alternativo denominado "prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo". Este cambio representa una reorientación en la concepción de la relación entre formación académica y experiencia laboral.

Marco normativo actual

El sistema de pasantías en Argentina se rige por la Ley 26.427, sancionada en agosto de 2008. Esta legislación establece un marco regulatorio específico que define las pasantías como actividades formativas complementarias de los procesos de aprendizaje. La normativa vigente contempla una serie de garantías y requisitos formales que incluyen la duración determinada de las experiencias, que oscila entre tres y doce meses. Asimismo, exige la coordinación institucional entre los establecimientos educativos y las organizaciones empleadoras, estableciendo responsabilidades compartidas en la implementación de los programas.

Entre las protecciones más relevantes del régimen actual se encuentra la obligatoriedad de una cobertura de seguro de riesgos específica para los estudiantes participantes. La legislación también estipula el pago de un estipendio obligatorio, cuyo monto es determinado por las partes pero que debe respetar pisos mínimos establecidos. Adicionalmente, se establecen límites operativos como la jornada máxima de veinte horas semanales y la designación obligatoria de tutores tanto en la institución educativa como en la organización empleadora, quienes supervisan el proceso formativo del estudiante.

La nueva propuesta legislativa

El artículo 40 del proyecto de ley introduce un esquema alternativo que modifica sustancialmente la relación entre educación y trabajo. La propuesta autoriza a las instituciones de Educación Secundaria a organizar "prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo" dentro del marco de sus planes de estudio propios, sin requerir la homologación de un modelo nacional uniforme. Esta formulación otorga mayor autonomía a los establecimientos educativos para diseñar y gestionar sus programas de vinculación laboral.

ARTÍCULO 40.- Las autoridades jurisdiccionales competentes deben promover la articulación entre las instituciones de Educación Secundaria con los sectores de la producción y el trabajo, a fin de fortalecer la formación integral y la orientación vocacional de los estudiantes.

La participación en estas prácticas se amplía a "personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, debidamente registradas" que puedan ofrecer experiencias relacionadas específicamente con áreas tecnológicas, procesos de innovación o aprendizaje de oficios. Una disposición fundamental establece que estas actividades no generarán "vínculo laboral alguno ni sustituyan relaciones contractuales de trabajo", demarcando claramente su carácter formativo sobre cualquier consideración laboral.

El carácter voluntario de la implementación queda establecido mediante el uso de la fórmula "podrán organizar" en lugar de términos imperativos, lo que sugiere que la decisión de desarrollar estos programas queda sujeta a la consideración de cada institución educativa según sus capacidades y prioridades institucionales.

Cambios sustantivos en la regulación

La transición del régimen actual al propuesto implica la eliminación de varios componentes regulatorios que actualmente estructuran las pasantías educativas. Desaparece la obligatoriedad del estipendio para los estudiantes participantes, así como la exigencia de una cobertura de seguro de riesgos diferenciada y específica para estas actividades. Los límites temporales previamente establecidos -con duraciones mínimas y máximas claramente definidas- ya no se mencionan en la nueva propuesta.

En materia de condiciones operativas, la regulación horaria que limitaba la jornada semanal a veinte horas queda sin efecto en el nuevo esquema. Asimismo, se omite la exigencia de designación formal de tutores tanto en la institución educativa como en la organización empleadora, elemento que actualmente garantiza seguimiento y supervisión del proceso formativo.

Paralelamente, la propuesta introduce elementos de flexibilidad organizativa que permiten a cada institución determinar los términos específicos de implementación de las prácticas. Se observa una ampliación temática hacia áreas tecnológicas, procesos de innovación y formación en oficios, reflejando una orientación hacia sectores productivos específicos. La simplificación administrativa reduciendo requisitos formales constituye otro aspecto distintivo del nuevo enfoque.

Contexto normativo y consideraciones técnicas

Es relevante destacar que el proyecto mantiene la vigencia de la Ley 26.058 para la Educación Técnico Profesional, la cual contempla mecanismos específicos de prácticas profesionalizantes para esa modalidad educativa. No obstante, la modificación del régimen general podría generar efectos interpretativos y aplicativos sobre la normativa especializada, particularmente en cuanto a estándares y condiciones básicas.

La implementación del nuevo esquema presenta varias implicaciones técnicas que merecen consideración. Se observa un proceso de descentralización que transfiere responsabilidades regulatorias desde el ámbito nacional hacia el institucional, lo que probablemente generará desarrollo de modelos diversos según regiones, sectores económicos y recursos disponibles. La reducción de barreras administrativas podría facilitar la participación de organizaciones empleadoras, aunque simultáneamente plantea interrogantes sobre mecanismos de garantía de calidad formativa y sistemas de protección estudiantil.

La propuesta no aborda explícitamente aspectos como los mecanismos de supervisión de la calidad formativa, los criterios de evaluación del aprendizaje en contextos laborales, los sistemas de registro y seguimiento de las experiencias, ni establece protecciones alternativas para estudiantes en ámbitos laborales. Estas omisiones podrían requerir desarrollo normativo complementario o generación de protocolos institucionales específicos.

Perspectiva comparada internacional

El análisis de sistemas internacionales revela diversos enfoques en la regulación de la vinculación educación-trabajo. Los modelos duales, como los implementados en Alemania y Suiza, se caracterizan por una alta regulación estatal con remuneración obligatoria y reconocimiento formal de las cualificaciones obtenidas. Los sistemas anglosajones, predominantes en Estados Unidos y Reino Unido, muestran una tendencia hacia prácticas no remuneradas que han generado debate sobre equidad en el acceso y condiciones básicas de participación.

En el contexto latinoamericano, se observa variabilidad regional con tendencia hacia esquemas regulatorios intermedios que buscan balancear flexibilidad con protecciones mínimas. La propuesta argentina se situaría en un espectro de menor regulación estatal directa comparada con los modelos duales europeos, aproximándose a esquemas de mayor autonomía institucional con menor intervención normativa centralizada.

Proyecciones y consideraciones finales

La implementación del nuevo esquema probablemente mostrará variaciones significativas según la capacidad institucional de los establecimientos educativos y las características de los contextos socioeconómicos locales. La respuesta del sector productivo ante el nuevo marco regulatorio constituye otra variable relevante, particularmente en términos de volumen de participación y calidad de las oportunidades ofrecidas.

El proceso legislativo en curso deberá considerar aspectos como la compatibilidad de la propuesta con normas laborales generales, el desarrollo de mecanismos de garantía de calidad educativa, el establecimiento de sistemas de protección mínima para estudiantes y la coordinación con políticas públicas de empleo juvenil. Estas dimensiones formarán parte del debate parlamentario que se desarrollará en las comisiones correspondientes del Congreso Nacional.

Esta modificación normativa se inscribe dentro de una transformación más amplia del sistema educativo argentino que incluye cambios sustantivos en financiamiento, gobierno escolar, formación docente y modalidades de enseñanza. La evaluación integral de sus efectos requerirá seguimiento sistemático de indicadores como tasas de participación estudiantil, distribución geográfica y sectorial de oportunidades, niveles de satisfacción institucional y resultados en la transición desde el sistema educativo hacia el mercado laboral.