Judiciales > Proceso disciplinario
Judicial acusado de “topo”: parte médico, suspensión y posible despido
Tras una condena en juicio abreviado por aceptar su culpabilidad, al empleado judicial acusado de ser “topo” le iniciaron un sumario administrativo. Adolfo Holeywell presentó un parte médico, pero ya señalaron que no volverá a trabajar porque se encuentra suspendido por la investigación interna. La Corte seguramente lo echará.
POR REDACCIÓN
El empleado judicial que se encuentra en el ojo de la tormenta, tras haber aceptado su culpabilidad en un juicio abreviado el pasado viernes 29 de agosto de 2025, y sobre quien pesa la acusación de filtrar información a la banda de Los Robarruedas, se tomó licencia médica. Esta situación se da en un momento clave para su futuro laboral, ya que le iniciaron un sumario administrativo que podría derivar en su desvinculación definitiva del Poder Judicial, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a DIARIO HUARPE.
Según explicó el fiscal Daniel Galvani, la sentencia judicial y la aceptación de la culpabilidad en el juicio abreviado constituyen parte de las pruebas de cargo en el sumario administrativo que se puso en marcha. Este proceso implica una investigación en la que se le notificará de los cargos y se le dará la oportunidad de defenderse, como en cualquier procedimiento administrativo, de acuerdo a lo señalado por el fiscal que subroga el cargo de fiscal general de la Corte, que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.
La licencia médica actual es solo un paréntesis temporal. Galvani confirmó que cuando termine su parte médico, el empleado quedará automáticamente en condición de suspendido. Esta suspensión se mantendrá hasta que el sumario administrativo concluya y se defina su situación.
Respecto a las posibles sanciones, el fiscal Galvani señaló que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de imponerlas. Sin embargo, si se trata de la sanción más grave, será la Corte de Justicia de San Juan la que tome la decisión final. Esta determinación se basará en el criterio y la recomendación del sumariante. Si la cuestión es "mucho más grave más gravosa", como está establecida en la Ley Orgánica de Tribunales, será definitivamente la Corte quien resuelva. Este escenario pone al empleado "al borde de ser echado", enfrentando la posibilidad de la máxima sanción disciplinaria.
El empleado judicial Andrés Holeywell, que se desempeñaba en la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión condicional luego de admitir que filtró información sobre operativos a los integrantes de la conocida banda de Los Robarruedas. La jueza de Garantías, Verónica Chicón, homologó el acuerdo de juicio abreviado que permitió evitar la cárcel.
Según se detalló en la audiencia, Holeywell, sobrino de un excortista y con madre también vinculada al ámbito judicial, era conocido en Tribunales como “veedor judicial”. Su colaboración con la banda dificultó varios procedimientos de detención previstos por la Policía, lo que generó sospechas sobre filtraciones internas.
El fiscal de la causa, Adolfo Díaz, explicó que las escuchas telefónicas fueron determinantes para detectar que el empleado pasaba información sensible a los delincuentes. Esto permitió a la Justicia reconstruir el modus operandi de la banda y tomar medidas para prevenir futuros daños.