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La Corte Suprema le falló en contra y Trump insistirá en subir los aranceles
El máximo tribunal estadounidense determinó que el presidente no tiene el poder de crear impuestos. Perjudicado por el fallo, Trump desafió a los jueces y promulgará un arancel global del 10 %.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este viernes los aranceles “recíprocos” impuestos por la administración Donald Trump. Según consignaron medios internacionales, el máximo tribunal norteamericano consideró que Trump violó la ley federal.
Según el tribunal, Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial. Con esta sentencia, quedó bloqueada una herramienta clave que el Presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por 6 votos contra 3 que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
En su actual mandato, Trump aprobó el cobro de tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración. Adicionalmente, aplicó aranceles por motivos comerciales.
“Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles (...) lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”, argumentaron los magistrados en relación con el uso arbitrario de la IEEPA.
Esta decisión de la Corte Suprema confirmó sentencias de tribunales inferiores, según los cuales los aranceles impuestos por Trump eran ilegales.
Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito fueron los tres jueces conservadores que votaron en sentido contrario a la mayoría del tribunal. Según su opinión, no se debe limitar al Presidente en estas cuestiones, ya que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplicaría en este caso.
Funcionarios norteamericanos ya dijeron que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos.
Desafiante contra los jueces
La reacción de Trump no se hizo esperar. Enfurecido por el fallo que perjudica su política arancelaria y el modo de presionar las relaciones internacionales -en esta guerra comercial que mantiene con China- respondió que está “decepcionado” con la Corte. No solo eso, anunció también como un retruque que promulgará una medida para elevar aranceles globales al 10%, esta decisión se apoyará en la ley comercial conocida como Sección 122.
Según informó CNN, Trump recurrirá a métodos alternativos para imponer aranceles que, aseguró, podrían generar más ingresos que los poderes de emergencia ahora anulados.
“Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, afirmó desde la Casa Blanca ante la prensa, en declaraciones difundidas pocas horas después de conocerse la decisión judicial.
“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte; me avergüenzo totalmente por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo Trump desde el podio en la sala de prensa de la Casa Blanca.
Hay que recordar que tres de los 6 magistrados en la Corte Suprema, los nominó y designó el mismo Trump.
¿Cómo impactará en Argentina?
La sentencia del máximo tribunal norteamericano traerá una consecuencia inmediata para Argentina. Esto es, la posible pérdida de la concesión de la reducción del arancel recíproco del 10 % a 0 para 1.675 posiciones arancelarias del país.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina señaló que ese arancel recíproco es precisamente el que fue declarado ilegal, lo que deja sin sustento jurídico el beneficio arancelario que había sido presentado como el núcleo del acuerdo. Según la entidad, el texto del entendimiento comercial pierde así su principal incentivo en materia de acceso a mercados, aunque la cuota de carne bovina de 80.000 toneladas métricas, negociada por fuera del esquema general, no estaría alcanzada por la decisión judicial.
El doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis sostuvo que la caída del IEEPA implica que más de 1.000 posiciones que pasaban de 10 a 0 hubieran terminado reduciéndose de todos modos si el Congreso intervenía. En esa lectura, el diferencial conseguido por la Argentina frente a otros países se diluye, porque la herramienta que permitía imponer o negociar esos aranceles deja de estar disponible en su formato original.
El impacto sectorial es desigual. En el caso de la carne, fuentes del sector remarcan que la ampliación de la cuota no forma parte del esquema recíproco invalidado por la Corte, por lo que no debería verse afectada. Distinto es el panorama para rubros industriales que habían quedado dentro del régimen del 10% recíproco. La ventaja comparativa frente a competidores regionales como Brasil podría perder fuerza si Washington redefine su política comercial bajo un criterio más uniforme.
Michel planteó además que, Argentina concedió normas técnicas, sanitarias, digitales, de propiedad intelectual y en materia de servicios y compras públicas con el objetivo de evitar aranceles adicionales. Si esos aranceles son considerados ilegítimos, el equilibrio del acuerdo cambia. La discusión no es sólo arancelaria sino estratégica, porque involucra compromisos estructurales asumidos en áreas sensibles.
Recién en este contexto cobra dimensión la decisión del máximo tribunal estadounidense. En la opinión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, se estableció que la ley de emergencias económicas no habilita al Presidente a crear impuestos de alcance general. El fallo obliga al Ejecutivo a desactivar o rediseñar el esquema de gravámenes que había sido utilizado como herramienta central de política comercial y de presión diplomática.
Durante 2025, la estrategia arancelaria incluyó recargos de hasta 10% para numerosos socios y amenazas más severas para economías específicas. El argumento oficial combinaba protección industrial y fortalecimiento fiscal. Sin embargo, estudios de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que entre 86% y 90% del costo de los aranceles fue absorbido por consumidores y empresas estadounidenses. La Tax Foundation estimó que implicaron un costo adicional de 1000 dólares por hogar en 2025 y que podrían sumar otros 1300 en 2026.
Lejos de corregir el desequilibrio externo, el déficit comercial estadounidense se amplió a 901.500 millones de dólares en diciembre, uno de los niveles más elevados desde 1960. Ese dato alimentó críticas internas sobre la eficacia de la estrategia proteccionista y reforzó el argumento de que los aranceles funcionaron, en los hechos, como un impuesto interno.
Para la Argentina, el escenario que se abre es de revisión. Si el Congreso de Estados Unidos no restablece un esquema similar bajo otra base legal, el acuerdo bilateral deberá redefinirse o perderá parte de su contenido práctico. Si, en cambio, la Casa Blanca intenta reinstalar gravámenes por otras vías, la incertidumbre podría prolongarse.
En cualquier caso, el fallo introduce un factor de fragilidad en la relación comercial. La principal concesión arancelaria obtenida por Buenos Aires queda en suspenso y obliga a recalcular la estrategia de inserción en el mercado norteamericano. En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de valor, la decisión judicial en Washington redefine el marco en el que la Argentina negocia, exporta y proyecta su política comercial.