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Carta de la Iglesia al Congreso por la protección de glaciares
La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una Carta Abierta a legisladores nacionales para defender la Ley 26.639 y advertir sobre el riesgo ambiental y social.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una Carta Abierta dirigida a diputadas y senadores nacionales para expresar su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se modifique la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
En el documento, el organismo eclesial recuerda que la norma fue fruto de un amplio consenso político, social y científico, y que representa “un hito fundamental” en la defensa de reservas estratégicas de agua dulce. La carta advierte que cualquier intento de relativizar esa protección implicaría ceder ante intereses sectoriales o de corto plazo.
“Catedrales de agua” y derecho humano
El texto subraya que los glaciares no son meros recursos económicos, sino fuentes de vida y reguladores esenciales del ciclo hídrico. Los define como verdaderas “catedrales de agua” que sostienen poblaciones, actividades productivas y ecosistemas en amplias regiones del país.
Apoyándose en la encíclica Laudato si' del Papa Francisco, la Comisión recuerda que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Por ello, cualquier afectación a estos reservorios naturales impacta primero y con mayor crudeza en los sectores más vulnerables y en comunidades originarias.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia se insiste en que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico, sino que debe ser integral y sostenible. “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”, cita el documento, retomando conceptos centrales del magisterio social.
Exhortación a decisiones “valientes y proféticas”
La Carta Abierta formula pedidos concretos a los legisladores: mantener y fortalecer el espíritu de la ley vigente; priorizar la defensa de la vida, el agua y los ecosistemas; escuchar a comunidades locales y científicos; y promover un modelo de desarrollo que armonice producción y ecología integral.
También reclama que cualquier debate respete compromisos internacionales asumidos por el país, como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, vinculados a la participación ciudadana y a los derechos de los pueblos originarios.
En uno de los tramos más contundentes, la Comisión advierte sobre el contexto global de crisis hídrica y recuerda que “todo está conectado”, una de las expresiones más reiteradas por Francisco en su llamado a repensar la economía y el progreso. La degradación ambiental, sostiene, no puede desligarse de sus efectos concretos en la vida de las personas.
Agua, política y bien común
El mensaje concluye con una apelación a la “sabiduría y al amor patrio” de los representantes nacionales para que adopten decisiones que antepongan el bien común a los intereses particulares. La política, afirma el documento, debe mostrar su nobleza y no su vergüenza frente a desafíos que comprometen el futuro de las próximas generaciones.
La intervención pública de la Comisión Episcopal de Pastoral Social vuelve a colocar a la Iglesia argentina en el debate ambiental, esta vez en torno a una legislación considerada clave para la protección de fuentes estratégicas de agua dulce. En un escenario donde resurgen discusiones sobre el alcance de la norma, la voz eclesial se suma al reclamo de comunidades y organizaciones que advierten que la defensa de los glaciares no es solo una cuestión ambiental, sino también social, ética y profundamente humana.