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La Justicia investiga fallas en la trazabilidad de alimentos de Capital Humano
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas reveló que no se puede reconstruir el recorrido ni los destinatarios finales de alimentos comprados por el Ministerio de Capital Humano.
POR REDACCIÓN
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó un informe de 39 páginas en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, en el que advirtió serias irregularidades en la gestión, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a planes sociales.
Según el dictamen, no es posible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el Ministerio de Capital Humano, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales. El análisis se realizó en el marco del cumplimiento de una medida cautelar que había ordenado informar el stock, su origen administrativo y presentar un plan de distribución inmediato.
Uno de los puntos centrales del informe se refiere a la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas, que debían ser entregados en galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán.
En ese proceso, la PIA detectó retrasos, entregas incompletas y falta de documentación por parte de varios proveedores. En algunos casos, no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como “entregada” había ingresado efectivamente a los depósitos. El informe es contundente al señalar que “no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación”, y remarca además la ausencia de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las compras.
Para la Procuraduría, la falencia más grave está vinculada a la etapa de distribución. Coincidiendo con lo planteado por Juan Grabois, quien actúa como querellante en la causa, el informe indica que la mayoría de los remitos de salida carecen de firma de los destinatarios, lo que impide verificar quiénes recibieron los alimentos. “Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios”, señala el documento.
Además, los remitos no detallan marcas, números de lote ni pesos específicos, lo que imposibilita vincular los productos entregados con los alimentos efectivamente comprados. Para la PIA, esta situación “obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico”.
El informe concluye con una fuerte crítica a la ausencia de normas y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En distintas presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de reparto, y que las decisiones dependían de la “definición política de la autoridad”, un criterio que ahora quedó bajo la lupa judicial.