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$Libra: juez federal rechazó pedido para que funcionarios sean citados por fuerza pública
El magistrado federal sostuvo que carece de competencia para disponer la citación de funcionarios por la fuerza, en consonancia con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano.
POR REDACCIÓN
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró “improcedente” el pedido de la comisión investigadora sobre $Libra de la Cámara de Diputados, que solicitaba la citación por la fuerza pública de funcionarios del gobierno, entre ellos Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), así como Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El magistrado argumentó que carece de competencia para dictar una orden en ese sentido y destacó que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, también consideró improcedente la intervención del Poder Judicial en las citaciones del Congreso. La decisión se aplicó igualmente a Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación sobre $Libra.
Melik, en su presentación ante el juez, sostuvo que no fue notificado personalmente en dos oportunidades por razones laborales, y argumentó que la citación ante la comisión legislativa podría autoincriminarlo, ya que había sido denunciado penalmente por legisladores de la Coalición Cívica a principios de julio, acusado de abuso de autoridad y encubrimiento al exonerar al presidente Javier Milei de responsabilidad en el lanzamiento y colapso de $Libra.
El juez Martínez de Giorgi resaltó que, según la normativa vigente, no tiene competencia para ordenar el comparendo por la fuerza pública de testigos citados por el Poder Legislativo, y que dicha autoridad no puede ser ampliada mediante normas internas de una comisión legislativa. Subrayó además que la competencia federal es restrictiva y de excepción, y que solo puede fijarse expresamente por ley.
El magistrado se remitió al dictamen del fiscal Taiano, que advirtió que el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar decisiones de una comisión investigadora legislativa, dejando así sin efecto la posibilidad de que los funcionarios fueran llevados por la fuerza a declarar.