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Nuevo tramo de concesiones viales: 2.800 km de rutas nacionales
El Ejecutivo nacional abrió un nuevo proceso de licitación para concesionar 2.800 kilómetros de rutas nacionales con la intención de mejorar la gestión vial, atraer inversiones privadas y avanzar en la modernización de la infraestructura carretera.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional anunció un nuevo llamado a licitación pública internacional para concesionar 2.800 kilómetros de rutas nacionales, como parte de un plan más amplio para la mejora y gestión de infraestructura vial en todo el país.
El proyecto forma parte de la estrategia del Ejecutivo para promover inversiones privadas en la red de caminos, con el objetivo de modernizar corredores clave, mejorar la seguridad vial y potenciar la conectividad entre regiones, lo que podría generar empleo directo e indirecto y dinamizar la logística interna.
La convocatoria fue publicada oficialmente en el boletín y detalla que los tramos involucrados comprenden rutas de importancia estratégica para el transporte de cargas y pasajeros, vinculando centros urbanos y regiones productivas en distintas provincias.
El esquema de concesión contempla, entre otros aspectos, obligaciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial por parte de las adjudicatarios, quienes deberán garantizar estándares de calidad, seguridad y servicios durante la vigencia del contrato.
Además, el llamado establece plazos y condiciones para la presentación de ofertas por parte de empresas interesadas, así como las garantías financieras y técnicas que se exigirán para asegurar la ejecución de las obras y la gestión de los servicios asociados a las rutas concesionadas.
El Gobierno también planteó que este nuevo proceso es coherente con políticas anteriores de infraestructura y que no implicará aumento inmediato de peajes en rutas existentes; sin embargo, fuentes oficiales señalaron que podrían implementarse nuevos cuadros tarifarios dependiendo de las inversiones comprometidas y las mejoras proyectadas para cada tramo.
La medida fue recibida con interés por sectores del transporte y la construcción, aunque también genera debate entre organizaciones que cuestionan el rol privado en la gestión vial y piden mayor transparencia en la adjudicación de concesiones.