Unos 200 trabajadores de la construcción denunciaron este martes en San Juan haber sido víctimas de una estafa millonaria tras recibir una falsa oferta laboral para desempeñarse en una mina en Jujuy. Cada uno habría entregado $200.000 para supuestos trámites administrativos y estudios preocupacionales, pero todo resultó ser una maniobra fraudulenta que deja un perjuicio económico que superaría ampliamente los $40 millones.
Los damnificados se presentaron en Tribunales para radicar la denuncia formal contra dos personas que se presentaban como ingenieros civiles, identificadas como Carlos Roberto Pérez y Valeria Páez. Según relataron los afectados, con algunos de ellos ya habían trabajado en obras menores, lo que generó un vínculo de confianza previo que facilitó la maniobra. La propuesta laboral incluía régimen minero y un salario atractivo, lo que llevó a muchos de los trabajadores a tomar la decisión de dejar sus empleos actuales ante la inminente incorporación a la mina jujeña.
El mecanismo del engaño
De acuerdo con la acusación presentada por las víctimas, los señalados exigieron el pago de $200.000 por cada trabajador para cubrir supuestos "trámites en UOCRA" y una presunta "multa por provenir de otra provincia", un argumento que presentaron como necesario para agilizar el ingreso a la mina. Con el correr de las semanas, los plazos de contratación se extendieron pese a que los obreros ya se habían realizado los estudios preocupacionales exigidos por los falsos intermediarios, lo que comenzó a encender las alarmas entre los postulantes.
La sospecha se confirmó cuando los trabajadores decidieron comunicarse directamente con la empresa minera en Jujuy para consultar por el estado de sus contrataciones. Desde la firma les informaron que no existía ningún proceso de contratación bajo esa modalidad y que desconocían por completo a los supuestos ingenieros que actuaban como intermediarios, lo que terminó por evidenciar la maniobra fraudulenta. El choque entre las promesas recibidas y la realidad terminó de convencer a las víctimas de que habían caído en una estafa.
En paralelo a la denuncia de los trabajadores, los afectados aseguraron que la clínica donde se realizaron los estudios médicos tampoco habría recibido pago alguno por parte de los falsos reclutadores, por lo que el centro de salud también figuraría como damnificado en la causa. Este nuevo elemento añade una arista más a la investigación, ya que los exámenes preocupacionales fueron realizados efectivamente, pero nunca fueron abonados por quienes los solicitaron.
El desamparo de las víctimas
"Muchos se quedaron sin trabajo por la promesa de ir a Jujuy. Pérez no nos atiende el teléfono y no nos quiere devolver el dinero que transferimos por Mercado Pago", expresó con impotencia uno de los afectados, reflejando el sentir de un grupo de trabajadores que ahora enfrenta no solo la pérdida del dinero entregado, sino también la incertidumbre laboral tras haber renunciado a sus empleos anteriores. Según indicaron los denunciantes, habría casos similares con trabajadores de Tucumán y Mendoza, lo que ampliaría la dimensión del presunto fraude a nivel regional.
La Justicia provincial ahora deberá determinar el alcance de la maniobra y si se trató de una estafa organizada con múltiples víctimas en diferentes puntos del país. El perjuicio económico estimado hasta el momento superaría ampliamente los $40 millones, considerando los $200.000 aportados por cada uno de los aproximadamente 200 damnificados, aunque esta cifra podría incrementarse si se confirma la existencia de afectados en otras provincias. Los denunciantes esperan que la investigación logre dar con el paradero de los acusados y que se pueda recuperar al menos parte del dinero perdido en esta megaestafa laboral.