Bodegas de Argentina apoya la desregulación del INV para la producción de vinos 

En medio del debate que generó la reforma normativa más profunda en décadas para la industria vitivinícola argentina, Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a unas 250 bodegas de todo el país, fue la primera entidad del sector que se pronunció en forma oficial.

Lo hizo a través de un comunicado que expresó un respaldo explícito a la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La entidad consideró que los cambios representan una modernización clave para el sector y enfatizó su compromiso con la transparencia, la calidad y la competitividad.

“Esta medida, impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), refuerza su rol como organismo garante de la genuinidad, inocuidad y trazabilidad del vino argentino, pilares esenciales para la confianza del consumidor”, destacó la entidad.

“Tras un análisis técnico, confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector”, remarcó.

“Nuestras bodegas asociadas, con décadas de experiencia en mercados exigentes, reafirman su compromiso histórico con la calidad, transparencia y sustentabilidad. Seguiremos trabajando junto al INV para garantizar una implementación efectiva que fortalezca la confianza del consumidor y el prestigio del vino argentino en el mundo”, concluyó.

Qué dice la Resolución del INV

La Resolución -que entra en vigencia el 1 de enero de 2026- citada aprueba un nuevo “digesto normativo” del INV que regula de manera unificada la producción, el fraccionamiento, la comercialización, la exportación, la importación y los controles sobre vinos, mostos y otros productos vínicos.

Una de las transformaciones centrales es la derogación de 973 normas anteriores, concentrando los controles del INV en la etapa final de comercialización, es decir, sobre el producto embotellado, en lugar de fiscalizar todas las fases de la cadena productiva como se venía haciendo históricamente.

Según el Gobierno, esto implicará que se dejen de realizar aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales al año, lo que disminuiría los costos y la burocracia para las bodegas. La nueva resolución también elimina algunas obligaciones como la declaración jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito frecuentes, y transforma ciertas certificaciones -como las de origen, añada y varietal- en optativas, salvo para exportaciones.

Más allá del aval de Bodegas de Argentina, no todos los actores del sector comparten una visión unívoca sobre estos cambios. Si bien otras grandes entidades del sector, como Coviar y las federaciones cooperativas, todavía están analizando los alcances reales de la normativa, ya dejaron entrever preocupaciones que giran en torno a la amenaza que pueden representar los controles optativos para garantizar la genuinidad del vino.

También hay debate sobre hasta qué punto la desregulación favorecerá a empresas más grandes frente a las más pequeñas, y cómo se mantendrá la integridad del sistema si algunos de los controles tradicionales se vuelven flexibles.

Advierten que hay más riesgos que beneficios en los cambios al INV

Por ejemplo, Silvia Gramajo, presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, señaló justamente esa tensión en una entrevista para LV12: aunque ve con buenos ojos la eliminación de normas “en desuso”, advierte que puede faltar control en bodegas de menor tamaño o con menor escala, poniendo en riesgo la igualdad de condiciones entre productores.

Martín Hinojosa, bodeguero, productor de uva y presidente del INV durante el gobierno nacional de Alberto Fernández, es una de las principales voces opositoras a la desregulación de la industria vitivinícola que viene siendo impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Hinojosa se manifestó en varias ocasiones contra esa iniciativa, advirtiendo que la reforma podría traer más riesgos que beneficios.

En entrevistas radiales sostuvo que los cambios podrían “bajar la calidad del vino”. Además, dijo: “Ya no vamos a tener más información para poder tomar decisiones estratégicas y vamos a pasar a tomar decisiones a ciegas”.

Esa falta de datos, según él, no sólo amenaza la calidad sino también la capacidad de planificación del sector.

“Los que hacemos bien las cosas partíamos de un mismo pie de igualdad, ya que las bodegas que no hacen bien las cosas o que son un poco pícaras ahora tienen la posibilidad, con este nuevo esquema, de una puerta abierta a la competencia desleal”, añadió.

Desde los sectores críticos a la flexibilización de controles también recuerdan los episodios ocurridos en 1993, cuando una bodega de San Juan adulteró sus marcas Mansero y Soy Cuyano con alcohol metílico (de quemar) que vendía en damajuanas. Esto provocó un total de 29 muertos en diversos puntos del país y otras personas quedaron afectadas por ceguera.

Fuente: Ámbito