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Caucete: una trabajadora pidió protección judicial contra el Concejo
La medida fue solicitada por una trabajadora administrativa en el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación penal que involucra a concejales del cuerpo deliberativo caucetero.
Por Marcos Ponce
Un nuevo frente judicial se abrió en el Concejo Deliberante de Caucete luego de que una empleada recurriera al Ministerio Público Fiscal para solicitar una medida que le garantice condiciones laborales libres de presiones, amenazas y hostigamientos. Se trata de María Cristina García, quien pidió formalmente que se resguarde su continuidad laboral mientras avanza una investigación penal de alto impacto institucional.
Según consta en la presentación, la solicitud de la trabajadora está directamente vinculada a una causa en la que denunció presuntas maniobras coercitivas por parte de dos ediles de la oposición, Emanuel Castro y Ramiro Fernández. De acuerdo al testimonio de García, ambos le habrían exigido la entrega de la mitad de su salario, entre otras acciones que —sostiene— se desarrollaban en un clima de temor y condicionamiento.
Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal dispuso oficiar al Concejo Deliberante de Caucete para que garantice a la denunciante un ámbito de trabajo seguro, digno y sin ningún tipo de persecución interna, al menos hasta que la causa judicial tenga una resolución definitiva. El objetivo central de la medida es evitar posibles represalias, presiones indirectas o maniobras administrativas que puedan afectar tanto a la trabajadora como al normal desarrollo de la investigación.
Desde Fiscalía también dejaron expresamente asentado que, en caso de que estas directivas no sean cumplidas, se podría avanzar con el pedido de medidas cautelares ante un juez, lo que implicaría escalar el conflicto a una instancia judicial aún más compleja para el cuerpo deliberativo.
Por qué interviene la Justicia
La intervención del Ministerio Público Fiscal se apoya en una evaluación preliminar que advierte un contexto de desigualdad de poder. Mientras García ocupa un cargo administrativo, los denunciados ejercen funciones políticas dentro del Concejo, lo que, según la Fiscalía, configura un riesgo concreto de intimidación, revictimización y condicionamiento sobre la denunciante.
Además, se señaló la posibilidad de entorpecimiento de la prueba, en particular documentación, mensajes y registros digitales que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos. En ese marco, la medida no tiene un carácter sancionatorio, sino preventivo, orientado a evitar daños mayores mientras se investiga la posible comisión de delitos como coacción, abuso de autoridad o extorsión.
La denuncia tomó estado público tras una investigación de DIARIO HUARPE, que dio a conocer el testimonio de García. La trabajadora aseguró que vivía bajo la presión de perder su empleo si no accedía a los pedidos que, según afirmó, le realizaban desde el ámbito político. En respuesta, el concejal Emanuel Castro negó las acusaciones y sostuvo que se trata de una operación política en su contra. La causa continúa en etapa investigativa y promete seguir generando repercusiones en el escenario político caucetero.