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País > Decisión

Declaran organización terrorista al grupo del “mapuche de los binoculares”

Miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupó tierras en Villa Mascardi hasta 2022, fueron incorporados al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. Denuncian que la medida los deja sin acceso a asignaciones, cuentas bancarias y beneficios sociales.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El Ministerio de Seguridad incluyó en el registro a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurparon tierras en Villa Mascardi. (Foto gentileza)

La comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi entre 2017 y 2022, fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo, una decisión que generó fuerte polémica y rechazo entre sus integrantes. Según denunciaron, la medida les impide acceder a beneficios sociales, cobrar asignaciones familiares, usar cuentas bancarias y billeteras virtuales, e incluso afecta a uno de los hijos de los señalados, que percibía una pensión por discapacidad.

Los abogados defensores de la comunidad informaron que este viernes realizarán una declaración pública para denunciar lo que califican como un acto de “persecución supremacista y criminal” contra los pueblos originarios. “Se inició una persecución bajo la sospecha de ser terroristas”, advirtieron en un comunicado.

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El registro antiterrorista, dependiente del Ministerio de Justicia, ya incluía agrupaciones como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), encabezada por Facundo Jones Huala, actualmente detenido. En septiembre, se sumaron los nombres de varios integrantes de Lafken Winkul Mapu, entre ellos Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por su testimonio durante la desaparición de Santiago Maldonado; además de Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi y María Nahuel, entre otros.

En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a varios miembros del grupo a penas en suspenso por el delito de usurpación por despojo, tras comprobar su participación en la ocupación de terrenos pertenecientes a Parques Nacionales y propiedades privadas.

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La comunidad había ingresado a los predios en 2017, argumentando la preexistencia ancestral mapuche en la zona, aunque sin documentación que respaldara esa afirmación. Durante su ocupación, que se extendió hasta octubre de 2022, se registraron hechos vandálicos contra viviendas, turistas y automovilistas, lo que derivó en un largo conflicto con la Justicia y las fuerzas federales.

Los abogados defensores señalaron que la inclusión en el listado oficial constituye “una de las más graves persecuciones que se hayan vivido contra pueblos originarios en democracia” y reclamaron la revisión inmediata de la medida, al considerar que vulnera derechos fundamentales.

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