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Diputados buscan actualizar la Ley de Emergencia Agropecuaria y desafían al Gobierno
Coalición Cívica presentó una iniciativa que multiplica por 260 el fondo creado en 2009 para atender emergencias climáticas en el campo. La propuesta fija un piso mínimo actualizado y limita la discrecionalidad del Ejecutivo para declarar la emergencia.
POR REDACCIÓN
Los diputados de la Coalición Cívica sumaron presión sobre el Gobierno al presentar un proyecto de ley que plantea elevar de $500 millones a $130.000 millones el fondo destinado a las emergencias agropecuarias. La propuesta, firmada por Victoria Borrego y Juan Manuel López, busca actualizar la Ley 26.509 sancionada en 2009, que fijaba un monto mínimo que nunca fue modificado desde entonces.
En los fundamentos, los legisladores señalaron: “Dado que el monto mínimo fue establecido en 2009 y considerando el proceso inflacionario sostenido, dichos recursos se han ido desactualizando hasta encontrarse hoy en niveles absolutamente insuficientes. Por tal motivo, proponemos que ese piso mínimo, para no sufrir una pérdida en términos reales y mantener la capacidad de respuesta, debe elevarse a $130.000 millones y actualizarse periódicamente”.
La iniciativa también limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Según el texto, la declaración de emergencia o desastre agropecuario no quedará únicamente en manos del PEN, sino que se activará automáticamente si la Comisión Nacional no se expide en un plazo de cinco días tras el pedido de una provincia. “El presente proyecto propone agilizar el mecanismo de respuesta para evitar demoras como la registrada en Buenos Aires, que declaró la emergencia en mayo y obtuvo la homologación nacional recién en septiembre”, remarcaron.
El proyecto incorpora beneficios fiscales para los productores afectados, como prórroga de vencimientos, exenciones parciales o totales en Bienes Personales, descuentos en Ganancias cuando deban vender hacienda de manera obligada y suspensión de juicios por parte de ARCA.
El planteo de la CC llega en un momento delicado para el Ejecutivo, que busca cerrar el año con un superávit del 1,6% del PBI. A la ley de reparto de ATN, la emergencia en discapacidad y los cambios en combustibles, ahora se suma esta propuesta que, de avanzar, podría tensar aún más la meta fiscal.