Política
El Ministerio Público pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández
El Ministerio Público solicitó revocar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros”, donde se le imputaba administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
POR REDACCIÓN
El Ministerio Público solicitó revocar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros”, donde se lo imputaba por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, pidió además que sean citados como testigos Santiago Cafiero y Vilma Ibarra para avanzar con la investigación y esclarecer la participación del expresidente en los hechos atribuidos.
Agüero Iturbe solicitó a los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun revocar el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello y que se dicte la falta de mérito en el expediente, en el que además se le había impuesto un millonario embargo y la prohibición de salida del país.
El pedido sorprendió a la defensora Mariana Barbitta, quien expresó: “Acompañamos al Ministerio Público, por favor”, y también al propio expresidente, presente durante la audiencia, en la que el único medio acreditado fue Infobae.
El fiscal sostuvo que: “No se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso”.
En consecuencia, solicitó rechazar las peticiones formuladas por la defensa, señalando que no se ha producido violación al principio de congruencia y que la descripción de los hechos en la declaración indagatoria puede desglosarse para mayor claridad.
La investigación
El juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente desde febrero, imputó al expresidente por la intervención de intermediarios, como el broker Héctor Martínez Sosa, que habrían recibido comisiones por la designación de Nación Seguros en reparticiones públicas. La fiscalía señaló que estos datos describen la maniobra, pero no afectan el núcleo de la imputación.
Sobre el decreto 209/20 y la designación de aseguradoras, la fiscalía consideró que la información es meramente descriptiva, sin constituir prueba directa contra Fernández.
Respecto a la actuación del juez Julián Ercolini, a quien la defensa solicitó apartar en dos oportunidades, la fiscalía recordó que los actos judiciales mantienen su validez mientras no sean declarados nulos. Además, señaló que las recusaciones presentadas contra el magistrado aún no han sido resueltas.
Agüero Iturbe indicó que aún quedan medidas de prueba por producir, como la declaración en calidad de testigos de Santiago Cafiero y Vilma Ibarra.
Hechos aun sin resolver
La fiscalía advirtió que no se ha adoptado ninguna decisión de mérito, lo que genera la apariencia de que la situación procesal de Fernández permanece sin resolverse respecto a los hechos atribuidos. Señaló también que algunas calificaciones de la defensa no afectan la solicitud de revocación del procesamiento.
El único elemento relevante hasta ahora es una conversación de WhatsApp que menciona: “Ahora me ocupo”, en referencia al seguro vinculado a la Cancillería. El resto de las pruebas consiste en intercambios entre coimputados, sin evidencia directa que involucre al expresidente.
El fiscal aclaró que la ausencia de pruebas directas no implica necesariamente la desvinculación de Fernández, ya que existen indicios serios que podrían sugerir su participación. Por ello, solicitó profundizar la investigación, concretar las citaciones pendientes y orientar la pesquisa para esclarecer la intervención del expresidente y resolver la situación procesal conforme a la evidencia.