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Gobierno amplía poderes de la SIDE: agentes podrán detener personas
A través del DNU 941/2025, la administración de Javier Milei modificó la Ley de Inteligencia Nacional. El cambio más polémico es la facultad para que agentes realicen detenciones en casos de flagrancia, auxilio judicial o durante actividades de inteligencia.
POR REDACCIÓN
El gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Entre los cambios más controvertidos destaca la nueva potestad para que agentes de inteligencia puedan realizar detenciones en casos específicos.
Según los considerandos del decreto, el objetivo de la medida es redefinir competencias y reorganizar estructuras del organismo, creando nuevas oficinas para solucionar la superposición de funciones y mejorar la integración de información. La reforma, impulsada bajo la conducción estratégica del asesor presidencial Santiago Caputo, ya generó fuertes críticas desde sectores de la oposición.
Nueva facultad de aprehensión genera polémica
El cambio más relevante es la incorporación del artículo 10 nonies, que habilita a los agentes de inteligencia a realizar detenciones. La norma establece que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, estando habilitados a repeler o hacer cesar agresiones que los pongan en riesgo.
Esta facultad podrá ejercerse en toda instalación de inteligencia, durante desplazamientos o en lugares donde se desarrollen actividades del organismo, ya sea de forma permanente, transitoria o circunstancial.
El artículo especifica que durante el desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio, requerimiento judicial o ante la comisión de delitos en flagrancia, el personal del organismo podrá proceder a la aprehensión de personas, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
Creación de la Comunidad de Inteligencia
Más allá del artículo polémico, el decreto introduce cambios estructurales de fondo. Un eje central es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la SIDE.
El objetivo es institucionalizar el intercambio de información estratégica entre organismos especializados, incorporando insumos provenientes de áreas clave como economía, salud, tecnología, clima y comunicación. La intención oficial es ampliar la mirada del análisis estratégico nacional y dotarlo de mayor profundidad y transversalidad.
En paralelo, se establecerá una Comunidad Informativa, un esquema complementario que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto. Se trata de una red destinada a fortalecer la base informativa disponible y mejorar la calidad del análisis, aun cuando la información aportada no tenga carácter clasificado.
Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia
Otro cambio de fondo será la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes, sistemas y activos digitales quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará en la Secretaría de Innovación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Por su parte, la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para la toma de decisiones. Desde Casa Rosada remarcaron que esta diferenciación mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
Redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional
El decreto también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a concentrarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia. Con este cambio, el Ejecutivo busca evitar superposiciones con la Policía Federal y delimitar con mayor precisión las responsabilidades, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
Se incorporará a la Ley de Inteligencia Nacional una definición explícita de la contrainteligencia, con el propósito de actualizar el marco legal frente a amenazas de nuevo tipo. A partir de esta modificación, la contrainteligencia tendrá un enfoque preventivo orientado a detectar y analizar espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera, en un contexto marcado por desafíos tecnológicos, políticos y cognitivos.
Ordenamiento de la inteligencia militar
Por último, el decreto avanza en un ordenamiento de la inteligencia militar. Para eliminar lo que el Gobierno definió como una superposición histórica, se disolverá la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la producción de inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto.
Desde el Poder Ejecutivo sostuvieron que esto fortalece la inteligencia militar conjunta, elimina duplicaciones y mejora la articulación con la inteligencia nacional.