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La defensa del intendente de Ángaco denunció una causa con trasfondo político
El abogado del intendente de Ángaco, José Castro, sostuvo que no hubo daño y cuestionó la denuncia fiscal.
POR REDACCIÓN
La defensa del intendente de Ángaco, José Castro, sostuvo que el proceso judicial en su contra carece de elementos que acrediten un perjuicio al Estado y aseguró que el caso presenta un trasfondo político. El abogado Marcelo Fernández confirmó que el debate oral se encuentra suspendido mientras la Cámara analiza una propuesta de acuerdo impulsada por la defensa, en el marco de un mecanismo legal de conciliación y reparación.
La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia por el presunto uso de maquinaria y recursos municipales en un terreno privado, lo que derivó en imputaciones por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Con el paso del tiempo, el expediente atravesó distintas instancias procesales sin una resolución definitiva y con escasos movimientos judiciales.
En las últimas semanas, el escenario se complejizó luego de que la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi denunciara penalmente al jefe comunal y a tres concejales que aprobaron una ordenanza vinculada a la propuesta de reparación económica. Según la fiscalía, los funcionarios habrían asumido atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial y al Ministerio Público.
Frente a este contexto, Fernández explicó que la situación procesal del intendente no registró cambios de fondo. “La Cámara resolvió suspender el debate hasta que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión y el tribunal pueda decidir si corresponde o no homologar la propuesta presentada”, señaló en radio Sarmiento. También aclaró que la iniciativa no constituye un juicio abreviado ni implica admisión de responsabilidad.
El defensor cuestionó además la duración del trámite y la calificó como desproporcionada. “Se trata de un expediente que tiene poco más de un cuerpo y medio, sin complejidad probatoria ni cantidad significativa de implicados, por lo que no puede considerarse una causa compleja”, afirmó. En esa línea, agregó: “Han transcurrido más de seis años sin avances sustanciales, lo que resulta llamativo para un caso de estas características”.
Respecto del hecho investigado, el letrado negó la utilización de recursos públicos en beneficio personal. “La maquinaria nunca estuvo dentro del terreno y el intendente desconocía su presencia en el lugar; incluso se trataba de un equipo detenido y sin operarios”, explicó. A su vez, sostuvo que las circunstancias que dieron origen a la denuncia debieron ser esclarecidas oportunamente dentro del expediente.
En relación con la propuesta conciliatoria, Fernández indicó que el objetivo es cerrar el conflicto dentro de los instrumentos que prevé la ley. “No existe perjuicio acreditado por el Tribunal de Cuentas ni responsabilidades administrativas determinadas, por lo que la reparación planteada tiene un carácter simbólico y apunta a la paz social”, expresó. Finalmente, cuestionó la presentación de la fiscalía al considerar que “el ejercicio de una facultad legal por parte del Concejo Deliberante no puede ser interpretado como un delito ni como un intento de encubrimiento”.