Presentan un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las escuelas

En línea con las restricciones que ya aplican algunos países y otras provincias argentinas, la Unicameral de Córdoba comenzará a debatir un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en las escuelas. La iniciativa fue presentada por el legislador Gerardo Grosso, del bloque Encuentro Vecinal, y lleva por título "Uso Pedagógico y Cuidado Integral frente a Tecnologías Digitales en el Ámbito Escolar de la Provincia de Córdoba".

El objetivo de la norma es establecer un marco regulatorio para la organización, orientación y limitación del uso de tecnologías digitales personales en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, priorizando el derecho a la educación, la salud integral y el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

"La norma debe sacar los celulares de las aulas", expresó Grosso al fundamentar la propuesta. El legislador sostuvo que la postura oficial actual, que delega en cada escuela la decisión sobre cómo y cuándo utilizar los dispositivos, no resulta suficiente. "Debemos garantizar que las cuatro o cinco horas que los chicos están en la escuela aprovechen su día de otra manera", agregó.

Qué dispositivos alcanza y cuándo se podrá usar

El proyecto define como dispositivos digitales personales a aquellos artefactos electrónicos portátiles capaces de emitir, recibir, procesar o visualizar información mediante pantallas, tales como teléfonos celulares, tablets y otros de características similares.

La restricción alcanza a todo el tiempo de permanencia en el establecimiento educativo, aunque contempla excepciones puntuales. Podrán utilizarse cuando el dispositivo sea parte de una propuesta pedagógica planificada y supervisada por el equipo docente; cuando resulte necesario para garantizar la inclusión o apoyos específicos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas particulares; cuando se utilice como herramienta para la producción académica, investigación, evaluación o desarrollo de competencias digitales; o ante situaciones de emergencia o fuerza mayor debidamente justificadas ante la autoridad escolar.

La norma también establece que los docentes y demás miembros del personal institucional deberán abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos en los espacios comunes cuando su uso no se encuentre autorizado para los estudiantes, con el objetivo de garantizar la coherencia normativa, el principio de igualdad y el carácter ejemplificador de la función educativa.

Salud, formación y corresponsabilidad

Entre los fundamentos del proyecto, se advierte sobre las implicancias negativas del uso de pantallas en la salud física, mental y emocional de niños y adolescentes. Por ello, se propone que el Ministerio de Educación de la Provincia elabore lineamientos que contemplen la diferenciación de criterios según el nivel educativo, orientaciones sobre tiempos de exposición y modalidades de uso, medidas de prevención y pautas de corresponsabilidad entre la escuela y la familia.

Además, se prevé que la autoridad de aplicación promueva instancias permanentes de formación docente, así como acciones de sensibilización destinadas a estudiantes y familias, orientadas al uso crítico, responsable y equilibrado de las tecnologías digitales. El Ministerio de Educación también podrá articular acciones con organismos provinciales y municipales competentes en materia de salud, niñez y adolescencia para abordar integralmente los impactos del uso de pantallas.

Evaluaciones, sanciones y contacto familiar

El proyecto establece que el Ministerio de Educación deberá realizar evaluaciones periódicas sobre la implementación de la ley, considerando indicadores de rendimiento académico, convivencia escolar, bienestar emocional y prácticas pedagógicas, pudiendo introducir ajustes en función de la evidencia relevada.

Los establecimientos educativos, por su parte, deberán adecuar sus acuerdos de convivencia y reglamentos internos a las disposiciones de la ley, respetando el marco de autonomía institucional. Dichos acuerdos deberán garantizar la posibilidad de que los estudiantes mantengan contacto telefónico con sus familiares o personas responsables durante la permanencia en la escuela.

El incumplimiento de la prohibición por parte de los estudiantes conllevará la aplicación de medidas disciplinarias, encuadradas como faltas leves, graves o muy graves de conformidad con los acuerdos de convivencia. Las sanciones deberán ser evaluadas y graduadas atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, considerando la reiteración de inconductas, la comisión de la falta en instancias de evaluación o cuando la conducta implique la afectación de la intimidad, el honor, la dignidad o el pudor de las personas.

El escenario actual

Actualmente, el Ministerio de Educación de Córdoba defiende la regulación interna como mecanismo para abordar el uso de celulares en las aulas. En una entrevista reciente, el ministro Horacio Ferreyra señaló que "el tema debe ser abordado educativamente" y explicó que, bajo las normas vigentes, el alumno puede tener el dispositivo en modo avión y utilizarlo como herramienta pedagógica por indicación docente. Según datos oficiales, el 92 por ciento de los establecimientos educativos ya tiene reglamentado el uso de celulares.

De esta manera, el referente de la cartera educativa descartó por el momento un cambio de rumbo hacia una prohibición general, como sí ha ocurrido en otras jurisdicciones. Ahora, la iniciativa presentada en la Unicameral deberá avanzar en el debate legislativo para definir si Córdoba se suma a las provincias que optaron por una restricción normativa de alcance general.