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Especialistas alertan sobre la reforma de la Ley de Glaciares
Investigadores, constitucionalistas y asambleas ambientales sostienen que los cambios impulsados por el Gobierno a la Ley de Glaciares implican un retroceso en los estándares de protección y podrían generar daños irreversibles en reservas estratégicas de agua.
POR REDACCIÓN
Mientras el Senado se prepara para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, especialistas en ciencias ambientales y derecho constitucional advierten que la iniciativa debilita el esquema de protección vigente desde 2010 y abre la puerta a actividades hoy prohibidas en zonas sensibles.
El proyecto introduce el concepto de “relevancia hídrica”, que permitiría a las provincias habilitar emprendimientos mineros o hidrocarburíferos en glaciares o ambientes periglaciales que no sean considerados estratégicos para el sistema de agua.
Para investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, esa definición es imprecisa y carece de criterios técnicos claros. Sostienen que todos los cuerpos de hielo cumplen algún rol en la regulación hídrica, ya sea en la escorrentía superficial o en la recarga de acuíferos.
Además, remarcan que el área protegida representa apenas el 1% de la superficie cordillerana, pero su aporte al caudal de los ríos es clave, especialmente en años secos.
Riesgo de daños irreversibles
Desde el ámbito jurídico, más de 85 constitucionalistas alertaron que la reforma podría vulnerar principios ambientales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
El antecedente central es el fallo de 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la constitucionalidad de la ley vigente y ratificó que el dominio provincial sobre los recursos naturales debe ejercerse respetando los presupuestos mínimos de protección ambiental fijados por la Nación.
Para referentes de la Asociación de Abogados Ambientalistas, la reforma implicaría una acción “regresiva” al reducir el estándar de protección, lo que podría violar el principio de no regresión ambiental contemplado en el Acuerdo de Escazú.
Los especialistas subrayan que, aun cuando una eventual reforma pudiera ser cuestionada judicialmente, los daños ambientales no siempre son reversibles. La pérdida de masa glaciar, la alteración de cuencas o la degradación de ecosistemas de alta montaña pueden generar impactos permanentes.
Protestas y preocupación social
En provincias como Mendoza y San Juan se multiplicaron las manifestaciones contra los cambios propuestos. Asambleas ambientales advierten que en regiones áridas, donde el agua cordillerana sostiene la producción y el consumo humano, cualquier flexibilización de la normativa representa un riesgo estructural.
El debate, así, no solo enfrenta posiciones sobre el desarrollo minero, sino que pone en tensión el equilibrio entre crecimiento económico y preservación de reservas estratégicas de agua en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes.