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Proponen un proyecto para que Kicillof expropie la fábrica de Fate en Buenos Aires
Tras el cierre de la histórica fábrica de neumáticos, el sindicato del sector presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para que el gobierno de Axel Kicillof expropie la empresa.
POR REDACCIÓN
El conflicto por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate sumó un nuevo capítulo político: el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el gobernador Axel Kicillof expropie la empresa y la ponga bajo control del Estado provincial.
La propuesta plantea declarar de “utilidad pública” la producción de neumáticos y habilitar la ocupación temporal de la planta ubicada en el municipio de San Fernando, con el objetivo de mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo de los 920 empleados despedidos tras el cierre.
Según el proyecto impulsado por el gremio, la provincia debería hacerse cargo durante al menos un año de las instalaciones industriales, las maquinarias, insumos y otros bienes vinculados al proceso productivo, incluida la marca comercial. La empresa sería administrada por el Estado bonaerense en conjunto con los trabajadores.
Desde el sindicato sostienen que Fate es una planta estratégica para la industria nacional, ya que es la única del país que fabrica neumáticos radiales para camiones y colectivos. Bajo ese argumento, proponen que el propio Estado provincial se convierta en el principal comprador de la producción para garantizar la continuidad de la actividad.
El proyecto fue presentado a legisladores del oficialismo y de sectores de izquierda y abre un fuerte debate político y económico. De avanzar, sentaría un precedente para que otras empresas en crisis puedan ser expropiadas por el Estado provincial, algo que genera interrogantes sobre la capacidad financiera de la provincia para asumir ese tipo de empresas.
El conflicto se desató luego de que Fate anunciara el cierre definitivo de su planta en el conurbano bonaerense tras más de ocho décadas de actividad, una decisión que dejó a casi mil trabajadores sin empleo y provocó protestas y tensiones sindicales en la zona.