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Vialidad: se define si Cristina Kirchner deberá devolver $530 millones de dólares
La Cámara Federal de Casación Penal inició este jueves 11 de septiembre una audiencia central en la causa Vialidad. Allí se discutirá el monto del decomiso de bienes fijado en $685.000 millones por el Tribunal Oral Federal 2, así como la competencia del fuero que debe llevar adelante el proceso.
POR REDACCIÓN
El futuro del decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner comienza a definirse desde este jueves, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, escuche a las partes en el marco de la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2 fijó en $685.000 millones el monto a devolver por administración fraudulenta en la obra pública, equivalente a US$530 millones. Sin embargo, la expresidenta cuestiona la base de cálculo, al sostener que con el índice utilizado por sus peritos la cifra debería reducirse a $42.000 millones. Además, plantea que la justicia civil y comercial federal debería intervenir en el procedimiento.
En la audiencia, también participan las defensas de Lázaro Báez, que rechaza el decomiso en este expediente por entender que el proceso ya se tramita en la causa “Ruta del Dinero K”. El presidente de la Cámara, Mariano Borinsky, confirmó que los recursos de Cristina Kirchner serán analizados en forma conjunta e integral.
Cabe recordar que el 17 de junio la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner. El decomiso fue ordenado para reparar el daño al Estado por la adjudicación de obras que no se completaron.
Mientras se discute el monto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzan en la identificación de propiedades de la exmandataria. Entre ellas se mencionan dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y hasta 24 propiedades en la Patagonia. Sin embargo, parte de esos bienes están embargados en la causa Hotesur-Los Sauces, lo que abre un debate sobre cuál proceso judicial tiene prioridad para ejecutar la medida.
La Corte Suprema, en una acordada reciente, habilitó que los inmuebles decomisados puedan ser destinados al propio Poder Judicial o a programas sociales en educación, salud y asistencia a víctimas, en caso de no subastarse de inmediato.
Tras la audiencia, el Tribunal tiene un plazo de cinco días para resolver sobre los recursos de casación y definir el próximo paso en uno de los capítulos más relevantes de la causa Vialidad.