Huarpe Deportivo > Polémica en AFA
A qué “empresas fantasma” fueron enviados los fondos de la AFA
USD 42 millones salieron al exterior y terminaron en firmas sin empleados ni actividad, cuyos titulares poseen antecedentes de insolvencia.
POR REDACCIÓN
Al menos 42 millones de dólares provenientes de contratos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminaron en cuatro sociedades radicadas en Florida que, según registros públicos, carecen de empleados, actividad comprobable y oficinas reales. Las transferencias, realizadas entre 2021 y 2024, abrieron un frente de sospechas sobre el destino final del dinero, la identidad de los beneficiarios reales y el papel de intermediarios cuya participación continúa sin aclararse.
Empresas sin actividad, oficinas virtuales y montos millonarios
La reconstrucción documental muestra que los fondos se canalizaron hacia Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones). Todas fueron registradas como LLC (Limited Liability Company) en el estado de Florida, sin pruebas de operaciones comerciales ni personal a cargo.
Las direcciones declaradas en Miami coinciden con servicios de oficinas virtuales, utilizados para domiciliar empresas sin presencia física. En ningún caso figuran en los listados internos de compañías instaladas en los edificios donde dicen operar. Dos de ellas fueron gestionadas por Registered Agents Inc., firma señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.
Un dato que profundiza las dudas: Velp LLC recibió transferencias aun después de haber sido formalmente disuelta, lo que sugiere el uso del vehículo societario con fines ajenos a cualquier actividad comercial regular.
Beneficiarios en Bariloche: perfiles que no coinciden con el volumen de fondos
Detrás de las sociedades aparecen personas radicadas en Bariloche con bajos ingresos, deudas financieras impagas, antecedentes negativos y situaciones económicas incompatibles con el manejo de montos millonarios.
Soagu Services LLC — Javier Alejandro Ojeda Jara
Empleado de una farmacia, enfrenta deudas millonarias y figura como responsable de la firma que recibió más de diez millones de dólares.
Marmasch LLC — Mariela Marisa Schmalz
Pareja de Ojeda Jara, también residente en Bariloche, con antecedentes judiciales y bancarios desfavorables.
Velp LLC — Verónica Inés López
Sin actividad comercial conocida que explique la recepción de tres millones de dólares.
Velpasalt LLC — Roberto Salice
Declarado en quiebra por sospecha de fraude en 2019, con el caso cerrado por ausencia de activos. Al ser consultado, negó vínculos con otras firmas del entramado y dijo haber actuado sólo como “manager”.
Los intentos de obtener respuestas directas sobre por qué estas personas fueron designadas para administrar sociedades que recibieron transferencias por millones no tuvieron éxito. Ninguno de los titulares contestó consultas formales.
La pieza que aparece en los balances: TourProdEnter LLC
El nombre de TourProdEnter LLC, intermediaria clave en contratos de sponsorización, surge por primera vez en los balances de la AFA presentados ante la IGJ en junio de 2024. Allí figura como deudora con un saldo equivalente a USD 14,5 millones, encabezando la lista de compañías con obligaciones pendientes hacia la entidad.
Su aparición tardía alimenta cuestionamientos: hasta ese momento, los balances agrupaban a los deudores bajo categorías generales que no permitían identificar los actores individuales ni rastrear el flujo completo del dinero.
Allegados a TourProdEnter sostienen que la empresa actúa dentro de los términos contractuales y que es responsable de la logística y finanzas de la AFA en el exterior. Voceros de Adcap Uruguay, por su parte, ratifican la formalidad de sus operaciones.
El capítulo institucional: defensa de la AFA y reclamos de transparencia
Durante la aprobación del balance, Claudio “Chiqui” Tapia destacó la renegociación de contratos y el superávit tras el Mundial de Qatar, defendiendo la operatoria internacional como una necesidad derivada del cepo cambiario.
Sin embargo, la falta de trazabilidad completa, la imposibilidad de identificar beneficiarios finales y la persistencia de deudas internas asociadas a intermediarios externos mantienen las dudas en el centro de la escena.
Incluso autoridades de la Inspección General de Justicia reconocieron que la ausencia de desagregación en los balances constituye un obstáculo para la interpretación legal, dificultando determinar responsabilidades.
Una trama abierta
Las transferencias hacia sociedades sin actividad, con beneficiarios de perfiles frágiles y vínculos financieros difusos, junto con registros contables incompletos y empresas intermedias señaladas en otros países, delinean un circuito que aún carece de explicaciones públicas.
Mientras no se transparente el destino final de los fondos ni se esclarezca quiénes se beneficiaron efectivamente, el recorrido de esos USD 42 millones seguirá marcado por la opacidad.