Abogados exigen arrestos para padres y madres que abandonan a sus hijos

Un nuevo espacio de litigantes, denominado “Colectivo de Abogados contra el Incumplimiento Alimentario y Deberes de Cuidado”, alzó la voz para exigir al sistema judicial de San Juan la aplicación de sanciones más severas y efectivas contra aquellos progenitores que incumplen sus deberes de cuidado y manutención.

El colectivo fue presentado por sus referentes, las abogadas Emilce Heredia, Florencia Villar y Paola Natacha Ibáñez, quienes dialogaron con DIARIO HUARPE. Las tres organizadoras son, además de abogadas de familia, madres que maternan en soledad.

El movimiento, que agrupa a aproximadamente 45 a 50 abogados y a un grupo más amplio de más de 80 personas que han sido víctimas de estas problemáticas (incluyendo padres y madres que crían solos), busca marcar un precedente a nivel provincial y nacional en la lucha por las infancias.

La problemática: incumplimiento y abandono normalizado

Según las referentes, el principal problema es la falta de sanciones reales y la impotencia que muestran los juzgados ante la obligación de obligar a los alimentantes a cumplir con las sentencias.

El incumplimiento no solo abarca la cuota alimentaria, sino también el régimen de comunicación (conocido como régimen de visitas) y los cuidados personales (quién lleva a la escuela, médico, vacunas). Se ha normalizado la conducta de abandono en la sociedad, que acepta y no condena a los incumplidores.

El abandono puede manifestarse cuando un progenitor desaparece por meses y luego pide una revinculación, siendo esta intermitencia una violencia psicológica hacia el menor y la madre. También se denuncia la violencia económica, que ocurre cuando el progenitor no cumple con el pago o lo hace parcialmente.

Las abogadas destacaron que el incumplimiento se da tanto en varones de alto poder adquisitivo que viajan y tienen bienes (puestos a nombre de terceros para evitar la ejecución), como en aquellos que simplemente no quieren hacerse cargo de los niños o priorizan a los hijos de nuevas parejas.

“Consideramos que las sanciones que actualmente están imponiendo los jueces son leves, es decir, no son severas, no son efectivas”, señalaron las abogadas.

Aplicación de la Ley 13.944

El colectivo argumenta que las medidas judiciales actuales, como las intimaciones o la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, son insuficientes. Este registro, si bien existe en San Juan y en todo el país, “no sirve para nada porque nadie se fija”, según expresaron las letradas. 

Para generar un cambio ejemplificativo, las abogadas solicitan que se aplique la Ley 13.944, que considera al incumplimiento alimentario y de deberes de cuidados como un delito penal y que tiene multas o penas hasta dos años de prisión. Esta ley, que está vigente, no se aplica en San Juan ni a nivel nacional, bajo la teoría de que no se quiere que los deudores vayan detenidos.

Críticas a los gabinetes psicotécnicos: informes subjetivos y revictimización

Otro punto clave del reclamo es la crítica al funcionamiento de los Gabinetes Psicotécnicos (o Interdisciplinarios) de los juzgados de familia, cuyo informe suele ser decisivo en las causas.

Se denuncia que los informes son a menudo subjetivos y sin base técnica, basados en una sola entrevista, lo cual no es suficiente para determinar la idoneidad parental o el perfil psicológico de una persona.

Las letradas enfatizaron que los gabinetes no tienen perspectiva de género ni perspectiva de niñeces. En casos sensibles, como los de abuso sexual de menores, el gabinete prioriza el vínculo paterno/materno por encima de la victimización del niño, lo que puede llevar a la revinculación forzada con el presunto abusador. También ocurre en casos de progenitores con consumo problemático de sustancias.

“El gabinete muchas veces cree que las denuncias por abuso son inventadas por las madres y repiten mucho este patrón de, 'Ah, denunció abuso sexual, es la madre está resentida, la madre está loca...'”, coincidieron las doctoras. 

Propuestas para el sistema judicial

Para mejorar la intervención judicial, el colectivo presentó propuestas formales que incluyen:

1. Ampliación de la Intervención de Gabinetes: Que se realicen varias entrevistas, no solo una.
2. Trabajo de Campo: Que los trabajadores sociales y psicólogos vayan a terreno, visitando los hogares y las escuelas de los niños.
3. Contralor y Transparencia: Que se establezca un órgano de control y que las entrevistas de los gabinetes sean videograbadas.
4. Capacitación: Que se capacite a las instituciones en general sobre las consecuencias del incumplimiento y la aplicación de perspectivas de género y niñeces (Ley Micaela).

Además, el colectivo insiste en que las causas de familia que hoy manejan los juzgados de menores deberían trasladarse a los juzgados de familia específicos, ya que los primeros no tienen la competencia adecuada.

Acciones recientes

El colectivo presentó formalmente hace una semana un pedido por escrito ante la coordinadora de los juzgados de familia y el presidente del Foro de Abogados para que se eleven estas solicitudes a la Corte de Justicia de San Juan. Aún están a la espera de una respuesta para luego buscar el diálogo directo con la Corte.

Las abogadas reiteraron que su objetivo es la lucha por las infancias, destacando que la problemática de la crianza en soledad y el abandono afecta tanto a mujeres como a varones que son víctimas de un sistema que no garantiza el interés superior del niño.