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Ambientalistas marcharon en San Juan por la protección de los glaciares
Organizaciones ambientales, sociales y ciudadanos autoconvocados se movilizaron este jueves en la Plaza 25 de Mayo para rechazar los cambios impulsados por el Gobierno nacional a la Ley de Glaciares.
Por Yanina Paez
San Juan volvió a ser escenario de una manifestación ambiental este jueves por la tarde, cuando organizaciones sociales, agrupaciones ecologistas y vecinos autoconvocados se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. La convocatoria comenzó con una radio abierta y concluyó con una marcha por las calles del microcentro.
Con pancartas, banderas y mensajes dirigidos al Gobierno nacional, alrededor de 150 personas se congregaron desde las 19 para advertir que los cambios propuestos por el Ejecutivo que conduce Javier Milei podrían comprometer el acceso al agua potable y la preservación de los ecosistemas de alta montaña. La preocupación principal gira en torno a la intención del Gobierno de habilitar actividades mineras en zonas periglaciares, espacios clave para la reserva hídrica en provincias cordilleranas.
Claudia Cantoni, integrante de la Asamblea Agüita Pura para San Juan y referente de Tribuna Ambiental del Partido Obrero, destacó en diálogo con DIARIO HUARPE la importancia de que la ciudadanía comprenda el impacto directo que tienen los glaciares en el suministro de agua local.
“Es importante que el sanjuanino participe de esta marcha porque el agua que nosotros consumimos viene de la cordillera, de los glaciares, y muchas veces no relacionamos la idea de abrir un surtidor y que salga agua con la preservación del ambiente periglaciar. Hay una ley desde 2010 que protege los glaciares y ahora el presidente Milei la quiere modificar para habilitar la actividad de las megamineras” expresó.
La Ley de Glaciares (26.639) —vigente desde 2010— establece una protección integral sobre glaciares y ambientes periglaciares, reconociéndolos como reservas estratégicas de agua. La propuesta del Gobierno nacional apunta a transferir a las provincias la potestad de determinar qué áreas deben considerarse protegidas. Desde sectores oficiales sostienen que la normativa actual genera “incertidumbre jurídica” para inversiones mineras y que flexibilizarla permitiría avanzar en proyectos de exploración y explotación.
Sin embargo, organizaciones socioambientales de San Juan y del resto del país advierten que una modificación de este tipo abriría la puerta a intervenciones en zonas que hoy actúan como reguladoras naturales del recurso hídrico. Por eso, la consigna central de la movilización fue la defensa de una ley que, aseguran, constituye un resguardo esencial para la vida en regiones áridas como la provincia.
Tras los discursos, la concentración avanzó por el microcentro con el objetivo de visibilizar aún más el reclamo. Los manifestantes reiteraron que seguirán impulsando acciones públicas para evitar que la iniciativa prospere en el Congreso.