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Brasil: Lula vetó la ley que rebajabaría la condena a Bolsonaro
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir drásticamente la condena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro y de otros implicados en el intento de golpe de Estado de 2022.
POR REDACCIÓN
Este jueves 8 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó formalmente un proyecto de ley que había sido aprobado por el Congreso brasileño y que tenía como objetivo recortar la condena del expresidente Jair Bolsonaro, así como la de otros acusados relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022. La norma, respaldada por la mayoría parlamentaria conservadora, proponía disminuir la pena de Bolsonaro de 27 años a poco más de dos años de prisión.
La ley había sido aprobada en diciembre de 2025 por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, en medio de debates acalorados en el Legislativo y protestas públicas contrarias a la iniciativa. No obstante, Lula, que había advertido desde diciembre que vetaría la medida, cumplió esa promesa al argumentar que los responsables de atentar contra la democracia debían cumplir sus penas completas.
El veto del mandatario se produjo en un acto oficial en el Palacio del Planalto, donde Lula subrayó que el intento golpista del 8 de enero de 2023 (cuando seguidores de Bolsonaro atacaron las sedes de los tres poderes del Estado) representa un ataque grave a la democracia y que quienes participaron deben responder ante la justicia.
Pese al veto, el Congreso brasileño aún puede intentar anularlo si logra una mayoría calificada, lo que abriría un enfrentamiento político entre el Ejecutivo y la mayoría legislativa conservadora. La iniciativa respaldada por el Parlamento buscaba, además de beneficiar al expresidente Bolsonaro, otorgar reducciones de pena a más de un centenar de sus seguidores condenados por los disturbios de enero de 2023.
Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre de 2025 por liderar un complot para impedir el traspaso de mando tras las elecciones de 2022, incluyendo cargos como intento de golpe de Estado y organización criminal, sentencia que el proyecto de ley pretendía rebajar.