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La Pastoral Social de la Iglesia Católica pidió no modificar la Ley de Glaciares
La Comisión Nacional de Pastoral Social expresó su preocupación ante posibles cambios en la Ley de Glaciares y exhortó a los legisladores a mantener los niveles de protección ambiental, priorizando el agua como derecho humano y el cuidado de las futuras generaciones.
La Comisión Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se modifique la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El documento, fechado el 18 de febrero de 2026, exhorta a mantener y fortalecer la normativa vigente, considerada clave para la defensa del agua y de ecosistemas estratégicos.
Un llamado al Congreso
En la carta, la Pastoral Social recordó que la ley fue fruto de un amplio consenso político, social y científico, y que constituye un “hito fundamental” en la protección de reservas de agua dulce. También remarcó que la tarea de los legisladores debe orientarse a garantizar la justicia, el respeto a la Constitución y el bien común.
El texto advierte que cualquier modificación que reduzca los niveles de protección implicaría un retroceso frente a intereses sectoriales o de corto plazo. En ese sentido, se subraya que los glaciares no pueden ser considerados únicamente como recursos económicos, sino como bienes estratégicos para la vida y el desarrollo del país.
El agua como derecho humano
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la defensa del agua como derecho humano básico y universal. La comisión sostiene que los glaciares son fuentes esenciales para el abastecimiento de poblaciones, actividades productivas y biodiversidad, y que su degradación afecta en primer lugar a los sectores más vulnerables y a comunidades originarias.
El documento retoma conceptos de la encíclica Laudato si' del papa Francisco, donde se plantea que la crisis ambiental y la crisis social forman parte de una misma problemática. Desde esa perspectiva, el desarrollo debe ser integral y sostenible, respetando tanto la dignidad humana como el equilibrio de la naturaleza.
Escuchar a las comunidades y a la ciencia
La Pastoral Social pidió que en el debate legislativo se escuche la voz de las comunidades locales y de los científicos, y que se respeten compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Consideró que estos actores son fundamentales para un discernimiento prudente y equitativo sobre el uso de los recursos naturales.
Asimismo, alertó sobre el contexto global de crisis hídrica, citando informes internacionales que advierten sobre el deterioro de ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares, muchos de ellos con daños de difícil o imposible recuperación.
Desarrollo y responsabilidad intergeneracional
En el tramo final de la carta, la comisión episcopal insistió en que el auténtico desarrollo humano no puede identificarse exclusivamente con el crecimiento económico. Planteó la necesidad de promover un modelo productivo que armonice con la ecología integral y que no comprometa recursos naturales críticos e irrecuperables.
El mensaje concluye con un llamado a la responsabilidad intergeneracional y a la defensa del bien común. La Pastoral Social expresó su confianza en que los legisladores adopten decisiones “valientes y proféticas” que protejan la vida en todas sus formas y resguarden el patrimonio natural para las futuras generaciones.