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Finalmente, el DNU de la SIDE no se discutirá en la feria judicial
El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick rechazó apelaciones que buscaban que se trate de manera urgente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la feria judicial.
POR REDACCIÓN
La Justicia federal ratificó que el DNU 941/2025 que reformó y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no será tratado durante la feria judicial de verano, luego de que el juez Martín Cormick rechazara las apelaciones que solicitaban el tratamiento urgente del decreto en el receso judicial.
El decreto presidencial, que entre otras medidas otorga mayores competencias al organismo de inteligencia (incluyendo facultades operativas sin control previo) fue firmado a fines de diciembre de 2025 y generó cuestionamientos inmediatos de sectores políticos, organizaciones sociales y constitucionalistas que impulsaron amparos para frenar su aplicación sin discusión.
Recientemente, varios dirigentes, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron recursos para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilite la feria judicial y trate las medidas cautelares que buscan suspender o declarar la nulidad del DNU. Sin embargo, Cormick consideró que los planteos no cumplían los requisitos para habilitar la feria, ya que se centraban en cuestiones procedimentales y no en situaciones de extrema urgencia que requieran intervención inmediata.
En su fallo, el magistrado sostuvo que la tramitación de un proceso colectivo de este tipo implica varias etapas que exceden el plazo del receso, y que intervenir durante la feria representaría inmiscuirse en la jurisdicción de la jueza natural del proceso. Por esa razón, ratificó la negativa a tratar el tema en el receso judicial, postergando su análisis para el período ordinario.
La discusión sobre el DNU sigue abierta en otros ámbitos. En el Congreso, sectores opositores buscan tratar el decreto en sesiones extraordinarias una vez iniciado el año legislativo, argumentando que el control parlamentario de este tipo de normativas es “inmediato”, aunque hay diferencias sobre cuándo y cómo debería realizarse ese debate.
El decreto y sus efectos continúan siendo cuestionados por constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles afectaciones a libertades civiles y al control democrático de los servicios de inteligencia, mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la reforma fortalece la capacidad del Estado para enfrentar amenazas y coordinar información estratégica.