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Fiscalía de Estado analiza sumarse a la denuncia por el Acueducto Gran Tulum tras presuntas irregularidades
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo actuará una vez que el Ministerio Público Fiscal avance con la investigación. Mientras tanto, realiza un seguimiento interno de la denuncia que apunta a un presunto perjuicio de 100 millones de dólares en la obra pública.
El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó que la provincia se hará parte en la denuncia penal presentada por Marcelo Arancibia por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, pero solo una vez que el Ministerio Público Fiscal le dé “entidad” a la presentación y avance en su investigación.
En declaraciones a radio Amanecer, Dávila explicó: “Lógicamente, después de que tome forma la denuncia y que ya tenga una merituación, un estudio de lo presentado, sí, por supuesto, de avanzar, nosotros nos haremos parte en ese proceso”.
El fiscal aclaró que Fiscalía de Estado es un órgano autárquico en sus decisiones: “Actuamos en todos aquellos eventos que sean atinentes a los intereses patrimoniales del Estado”. Su intervención no requiere indicación del gobernador, sino que responde a su función de defensa del patrimonio público.
Una denuncia de alto impacto: 100 millones de dólares y vínculos con el poder anterior
La denuncia presentada por Marcelo Alberto Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal se centra en posibles delitos contra la administración pública en el marco de la obra del acueducto, una megainfraestructura que involucró un crédito de 100 millones de dólares de Kuwait.
El escrito, presentado justo antes de que se cumplan dos años del cese de los funcionarios de la gestión 2015-2023 (plazo que limita la investigación por enriquecimiento ilícito), sostiene que la licitación habría favorecido a la empresa Krah América Latina S.A., vinculada a un familiar directo del exgobernador Sergio Uñac.
Los ejes de la investigación solicitada
1. Vinculaciones y direccionamiento
La denuncia alega que el pliego de licitación estuvo “orientado” para beneficiar a Krah América Latina, lo que configuraría negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Se citan testimonios de empresas competidoras y publicaciones periodísticas como prueba inicial.
2. Alertas técnicas ignoradas y sobreprecios
Se mencionan informes técnicos que habrían alertado sobre caños más caros, con menor respaldo técnico y deficiencias estructurales. La denuncia sostiene que ignorar estas advertencias constituiría violación de deberes. Además, se señalan diferencias económicas significativas que apuntarían a sobreprecios.
3. Pagos sin obra terminada
Uno de los puntos más graves es que la provincia habría comenzado a pagar el crédito internacional sin que la obra estuviera finalizada, lo que podría configurar administración fraudulenta y malversación.
Figuras penales bajo análisis
La presentación identifica provisionalmente siete posibles delitos:
Negociaciones incompatibles
Malversación de caudales públicos
Abuso de autoridad
Violación de deberes de funcionario público
Defraudación al Estado
Dádivas
Asociación ilícita
Próximos pasos: la pelota está en la cancha del Ministerio Público Fiscal
Dávila detalló que su equipo se reunirá con el área penal del gobierno para determinar los pasos a seguir: “Como primer medida es tratar de indagar el contenido de la denuncia (…) y a partir de ahí ver si el Ministerio Público Fiscal le da entidad”.
El fiscal aclaró que la decisión de investigar o desestimar corresponde al MPF, pero que Fiscalía de Estado hará un seguimiento cercano: “Nosotros podemos no estar de acuerdo. Por eso tenemos que hacer un seguimiento de cerca de los pasos que se vayan a seguir”.
Si el MPF decidiera no avanzar, Fiscalía de Estado podría insistir o hacer una presentación similar desde su ámbito de competencia.
Medidas solicitadas en la denuncia
Arancibia pidió una investigación exhaustiva que incluya:
Pericias técnicas sobre la calidad de los caños
Pericias económicas sobre precios y posibles sobreprecios
Pericias contables sobre pagos y certificaciones
Citación de testigos (incluido el ministro de Economía Roberto Gutiérrez)
Recolección de documentación de Infraestructura, Economía, Hidráulica, OSSE y Contaduría
Informes a la Legislatura y Tribunal de Cuentas
Un caso que podría marcar un precedente
La dimensión del caso –con un presunto perjuicio de 100 millones de dólares– lo convierte en uno de los más significativos de los últimos años en materia de presunta corrupción en obra pública. La intervención de Fiscalía de Estado, una vez que el MPF defina su postura, agregaría peso institucional a la investigación.
Mientras tanto, el organismo autárquico provincial espera, recaba información y prepara su estrategia para defender lo que considera un posible grave daño al patrimonio sanjuanino.