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Examen final de secundaria y evaluación docente: los nuevos controles de la reforma educativa
El proyecto de "Ley de Libertad Educativa" establece dos mecanismos clave: un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) voluntario y evaluaciones obligatorias para docentes cada cuatro años, vinculando su permanencia en el cargo al desempeño.
La reforma educativa presentada por el Gobierno nacional introduce un sistema de evaluación reforzado que alcanza tanto a estudiantes como a docentes, con herramientas de medición que buscan transparentar resultados y vincular la continuidad laboral al rendimiento.
Mientras se mantienen las evaluaciones nacionales Aprender, el proyecto crea una novedad significativa: el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una prueba voluntaria que certificaría la culminación del nivel medio. Paralelamente, establece por ley la evaluación periódica de docentes cada cuatro años como máximo, condicionando su estabilidad laboral a los resultados obtenidos.
El ENES: un examen final voluntario para cerrar la secundaria
El artículo 124 del proyecto define al ENES como "una evaluación individual voluntaria" que integrará "conocimientos y habilidades" de cuatro áreas fundamentales: Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.
A diferencia de las evaluaciones muestrales como Aprender, el ENES estaría disponible para todos los estudiantes que estén por finalizar la educación secundaria, constituyéndose en una herramienta de certificación nacional estandarizada.
Características clave del examen:
Voluntario: No es requisito obligatorio para obtener el título secundario
Integrador: Abarca las cuatro áreas disciplinares centrales
Individual: Evalúa a cada estudiante de manera personalizada
Nacional: Establece un estándar común para todo el país
"Los estudiantes y sus padres tienen derecho a conocer sus resultados individuales", establece el proyecto, reforzando la transparencia como principio rector.
Evaluación docente: estabilidad condicionada al desempeño
El capítulo IX del proyecto, dedicado a la formación y carrera docente, introduce cambios sustanciales en el estatuto laboral de los educadores. La norma establece que "la estabilidad laboral de los docentes está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional".
El nuevo sistema de evaluación docente:
Periodicidad: Evaluaciones como máximo cada cuatro años
Criterios múltiples:
Competencias pedagógicas y metodológicas
Resultados de aprendizaje de los alumnos
Formación y actualización profesional
Compromiso ético y asistencia
Consecuencias: Los resultados afectarán la permanencia en el cargo
Para implementar este sistema, el proyecto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazará al actual INFoD y tendrá a su cargo el diseño y supervisión de estas evaluaciones.
Mantenimiento y ampliación de las evaluaciones Aprender
El proyecto mantiene las evaluaciones nacionales estandarizadas que se realizan periódicamente, pero amplía su alcance. No solo medirán los aprendizajes de los "contenidos mínimos comunes", sino también el desempeño de docentes y directivos.
Cambios en las evaluaciones existentes:
Ampliación de objetivos: Incluyen ahora evaluación de adultos (docentes y directivos)
Diversidad de modalidades: Censales y muestrales, sin periodicidad fija definida
Transparencia radical: Se autoriza la publicación de resultados desagregados por escuela
Esta última modificación deroga específicamente el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional vigente, que prohibía la difusión de datos por establecimiento para evitar "estigmatización".
Filosofía detrás de las evaluaciones: rendición de cuentas
El informe del Consejo de Mayo que acompaña el proyecto fundamenta estas medidas en la necesidad de una "exigente y transparente rendición de cuensas". Según el documento, "el deterioro educativo en nuestro país" se relaciona directamente con "graves déficits" en este aspecto.
Los tres niveles de evaluación propuestos:
Estudiantes: ENES voluntario + evaluaciones nacionales periódicas
Docentes: Evaluación cuatrienal vinculada a estabilidad laboral
Instituciones: Publicación de resultados por escuela para elección informada
Reacciones y controversias anticipadas
El componente evaluador de la reforma promete generar intensos debates. Los gremios docentes han manifestado históricamente su rechazo a la evaluación estandarizada de su trabajo, argumentando que reduce la complejidad educativa a indicadores cuantitativos y genera presión injusta sobre los docentes.
Por otro lado, sectores académicos y de la sociedad civil que promueven la "accountability" (rendición de cuentas) educativa celebran las medidas como necesarias para transparentar un sistema que, señalan, opera con opacidad en sus resultados.
La publicación de datos por escuela genera particular controversia. Sus defensores argumentan que empodera a las familias con información para elegir; sus críticos, que puede profundizar la segregación escolar y estigmatizar a instituciones que trabajan en contextos vulnerables.
Contexto internacional
El modelo de evaluación docente vinculada a carrera profesional tiene antecedentes en países como Chile, México y Perú, con resultados mixtos según diferentes estudios. El examen final de secundaria existe en diversas formas en sistemas educativos como el francés (baccalauréat), el alemán (Abitur) o el italiano (esame di maturità), aunque en la mayoría de los casos es obligatorio para la titulación.
El proyecto de ley inicia ahora su camino legislativo, donde el capítulo evaluativo será sin duda uno de los más polémicos. Entre la búsqueda de transparencia y el riesgo de reduccionismo, entre la rendición de cuentas y la posible estigmatización, se debate no solo un mecanismo de medición, sino una concepción misma de la calidad educativa y de la profesión docente en la Argentina del siglo XXI.