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Nación declaró a 16 departamentos en estado de emergencia agropecuaria
El Gobierno nacional ha declarado la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de San Juan, tras las severas pérdidas sufridas por el granizo y la peronóspora.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional ha formalizado la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para 16 departamentos de San Juan, una decisión que busca mitigar las graves pérdidas causadas por el granizo y la peronóspora, una enfermedad que golpea con fuerza a los viñedos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1306/2025 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Los departamentos afectados son Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal. La emergencia abarca a las explotaciones frutihortícolas, incluyendo cultivos clave como vid, membrillo, alfalfa, durazno, tomate, olivo y hortalizas.
El periodo de esta emergencia se extiende desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, marcando el fin del ciclo productivo afectado. La resolución distingue entre dos niveles de afectación: si las pérdidas oscilan entre el 50% y el 80% de los cultivos, los productores podrán diferir el pago de impuestos nacionales. Si el daño supera el 80%, calificando como desastre agropecuario, se contempla la eximición de impuestos. Es importante destacar que, dado que la provincia ya había tomado una medida similar, también se incluyen el impuesto inmobiliario y las tasas viales municipales.
Además de los beneficios fiscales, la declaración abre la puerta a un alivio financiero significativo. El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrá proporcionar asistencia financiera especial y créditos con tasas de interés bonificadas entre un 25% y 50%. Estos recursos están destinados a la continuidad de las explotaciones, la recuperación económica de los productores y el mantenimiento de su personal. Otros beneficios incluyen la suspensión por hasta 90 días del inicio de juicios y procedimientos administrativos, así como aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación.
Para acceder a estos beneficios, los productores damnificados deberán presentar un certificado expedido por la autoridad provincial competente, que acredite que sus predios están comprendidos en la situación de emergencia o desastre. Posteriormente, los gobiernos provinciales deberán remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, junto con una copia de dicho certificado. Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) serán las encargadas de arbitrar los medios para que los productores reciban los beneficios.