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Reforma penal: qué pasará con el femicidio y la corrupción
Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno ultima cambios en el nuevo Código Penal que enviará al Congreso. Entre los temas más sensibles, entre ellos la figura del femicidio.
POR REDACCIÓN
El Gobierno afina por estas horas la versión final del proyecto de reforma del Código Penal que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. Tras una conferencia de prensa, Patricia Bullrich confirmó que aún no está resuelto si se mantendrá la figura del femicidio como agravante ni si el delito de corrupción será declarado imprescriptible, dos puntos que generaron fuerte debate político y social.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que “todo está a estudio” y que las últimas definiciones se tomarán entre hoy y mañana. Sobre el femicidio, Bullrich aseguró que no se descarta su eliminación, en línea con la idea promovida desde Casa Rosada desde enero de 2025, basada en un criterio de “igualdad ante la ley”. La discusión se reactivó tras declaraciones de Javier Milei en Davos, donde cuestionó que la vida de una mujer pueda ser considerada penalmente más valiosa que la de un hombre.
En paralelo, surgieron rumores sobre la posible imprescriptibilidad del delito de corrupción. Aunque Bullrich no lo confirmó, tampoco lo descartó, y distintas fuentes oficiales indicaron que el tema sigue en evaluación. Lo que sí está definido es que los funcionarios condenados por corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.
El anteproyecto ya incorpora una lista de delitos imprescriptibles, entre los que figuran homicidios agravados, abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y secuestros extorsivos. También incluye cambios en las penas de homicidios simples, que podrían llegar a un máximo de 30 años, y nuevos agravantes vinculados a víctimas menores de 16 años, adultos mayores o autoridades educativas.
La propuesta establece además penas más severas por lesiones en siniestros viales, perpetuas sin límite temporal, una nueva presunción a favor del legítimo defensor y un sistema que garantiza que las víctimas sean notificadas antes que nadie sobre beneficios penitenciarios del condenado. El Código será aplicable en todas las provincias.
El equipo jurídico encabezado por Bullrich, Sebastián Amerio y María Ibarzábal prepara los últimos ajustes antes de que el proyecto sea girado al Parlamento.