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Reprobarán y suspenderán a alumnos que encuentren usando el celular en clase
La institución educativa notificó a las familias que los estudiantes sorprendidos con el dispositivo durante una prueba serán enviados directamente al recuperatorio, como si hubieran desaprobado. En casos graves, se contemplan suspensiones.
El colegio Guillermina, ubicado en la avenida Sáenz Peña de la capital tucumana, comunicó un endurecimiento significativo en las sanciones por el uso de teléfonos celulares dentro del ámbito escolar. La medida, que coincide con el período de evaluaciones trimestrales, determina que los estudiantes sorprendidos utilizando el dispositivo durante instancias evaluativas serán derivados directamente a instancias de recuperación.
La resolución institucional surge como respuesta a la detección de alumnos que empleaban los celulares durante desarrollos curriculares y situaciones de examen. El comunicado distribuido vía correo electrónico especifica que, además de la derivación a recuperación -equiparable a una desaprobación de la evaluación-, en casos de reincidencia o gravedad podría considerarse la suspensión del estudiante, siempre mediante coordinación con los representantes familiares.
La postura del establecimiento educativo ha generado reacciones divergentes entre el alumnado. Mientras algunos estudiantes valoran la medida como un mecanismo para favorecer la concentración y reducir distracciones en el aula, otros manifiestan preocupación por la limitación en el acceso a material digitalizado que utilizan como recurso de estudio, incluyendo documentos en formato PDF y textos compartidos por los docentes.
Según versiones de los propios estudiantes, el debate interno habría sido influenciado por preocupaciones parentales respecto al uso intensivo de pantallas entre los jóvenes. El establecimiento educativo ha mantenido una postura reservada frente a consultas periodísticas, negándose a brindar declaraciones oficiales sobre la implementación y fundamentos de la nueva normativa.
Esta decisión institucional se enmarca en un contexto educativo provincial donde la Ley 9.852, que rige en Tucumán, establece que los celulares solo pueden utilizarse con fines pedagógicos o en situaciones de emergencia, aunque delega en cada institución la definición específica de su uso a través de los acuerdos de convivencia.