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Denuncian retrocesos y barreras en el acceso al aborto seguro a cinco años de la ley IVE
Amnistía Internacional alerta sobre suspensión de insumos, desmantelamiento de programas y aumento de obstáculos desde la asunción de Javier Milei, pese a los avances en salud pública tras la sanción de la ley 27.610.
POR REDACCIÓN
Este 30 de diciembre se cumplen cinco años desde la aprobación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Sin embargo, un informe reciente de Amnistía Internacional Argentina denuncia un retroceso preocupante en el acceso seguro al aborto, luego de la llegada del gobierno de Javier Milei.
Entre las principales limitaciones detectadas está la suspensión de la compra de medicamentos esenciales para la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, el desmantelamiento de planes de prevención de embarazos y una reducción significativa en la distribución de métodos anticonceptivos. Estos cambios afectan directamente la garantía del derecho al aborto seguro y gratuito, reconocido por la ley.
Amnistía Internacional alertó que entre enero y abril de 2025 recibieron 160 casos vinculados a barreras en el acceso, superando en un 133% el total reportado en 2024. La organización atribuye esta situación a la proliferación de "discursos regresivos y políticas restrictivas" que atacan los derechos de mujeres y personas LGBTI+ bajo la excusa de combatir la llamada ‘ideología de género’.
Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Argentina, explicó que el problema es estructural y está relacionado con la falta de acceso a información confiable y transparente sobre la implementación de la ley a nivel nacional y provincial.
En este sentido, el informe destaca que durante 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 de combipack en todo el país, mientras que en 2024 no se entregó ningún insumo a las provincias para garantizar la IVE. Además, se registró una caída del 81% en la entrega de anticonceptivos hormonales de emergencia, test de embarazo y otros métodos anticonceptivos entre 2023 y 2024.
La mayoría de los casos reportados en 2024 provinieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires (59,79%) y afectaron principalmente a mujeres mayores de 25 años (54%), seguidas por el grupo de 16 a 25 años (42%). En 2025, se evidenció un notable aumento de consultas de jóvenes entre 16 y 25 años, un segmento que junto con mujeres con hijos y en situaciones económicas difíciles representa un grupo en crecimiento.
Amnistía solicitó información pública a las 24 jurisdicciones nacionales sobre la compra y distribución de insumos. Solo 15 respondieron, mientras que otras optaron por el silencio administrativo o respuestas incompletas. A pesar de esto, la organización mantiene contacto con referentes de salud sexual en los territorios y destaca que, pese al desfinanciamiento y la falta de liderazgo nacional, las redes locales siguen trabajando para sostener la política pública.
El informe denuncia que muchos centros de salud que deberían garantizar atención y acceso seguro al aborto se convirtieron en obstáculos. Se reportaron casos donde se exige a las personas comprar por su cuenta medicamentos ilegales y costosos, además de prácticas de hostigamiento, maltrato y consejerías disuasorias para cambiar la decisión de abortar.
La ausencia de campañas informativas oficiales y la falta de actualización en datos públicos agravan la situación. Amnistía subraya que casi el 60% de los casos recibidos en 2025 están relacionados con la falta de información clara y precisa sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde la Campaña por el Aborto Legal y Gratuito reconocen que, aunque la ley está vigente, todavía no se garantiza su aplicación completa en todos los sitios. Por ello, las redes de acompañamiento se vuelven fundamentales para brindar asistencia segura.
Andrea Zamparini, activista de la Campaña en CABA, explicó que trabajan con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Socorristas en Red, quienes colaboran con centros de salud públicos y ofrecen acompañamiento fuera del sistema sanitario formal. Estas redes identifican horarios y teléfonos de atención y mantienen una página web con información actualizada a nivel nacional.
Galkin destacó el rol clave de las Socorristas, especialmente en provincias con mayores obstáculos, y señaló que algunas jurisdicciones implementaron buenas prácticas como líneas telefónicas provinciales para facilitar el contacto directo y la orientación.
En un contexto de desfinanciamiento y restricciones crecientes, estas redes y organizaciones civiles continúan trabajando para garantizar el acceso a derechos fundamentales en salud sexual y reproductiva, enfrentando diariamente barreras que dificultan el pleno ejercicio del derecho al aborto seguro.