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Correa del Deliberante de Rivadavia dijo que le responderá a la oposición
La presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, afirmó que ya están elaborando la respuesta al bloque peronista, que solicitó información detallada sobre la compra por $30.000.000 del ex terreno de la empresa La Nueva Sarmiento.
Por Marcos Ponce
El Concejo Deliberante de Rivadavia se encuentra en el centro de la escena política tras el pedido de informe presentado por el bloque opositor peronista sobre la millonaria expropiación de un terreno clave para el municipio. La presidenta del cuerpo, Carolina Correa, confirmó que ya están preparando la respuesta oficial al requerimiento, mientras defendió la legalidad y transparencia del proceso que ha generado controversia. Vale recordar que en una primera instancia, desde el municipio, habían prefiero el silencio ante el pedido de información pública por parte del peronismo.
La operación en cuestión involucra la adquisición de un terreno de 1.955 metros cuadrados ubicado en la avenida Libertador 5.376 Oeste, estratégicamente situado frente al palacio municipal. Este inmueble, que en el pasado perteneció a la empresa de transporte La Nueva Sarmiento, fue declarado de “utilidad pública” para ser expropiado, con el fin de ampliar las dependencias de la comuna y solucionar la actual falta de espacio.
Según el municipio, la compra de este terreno no solo permitirá dejar de pagar alquileres externos, sino que también contribuirá a mejorar el aspecto de la zona, actualmente afectada por lo que las autoridades describen como “contaminación visual ocasional” debido a la acumulación de chatarra y basura. La decisión de expropiar se justificó legalmente en la Ley Provincial N° 1.180-A, y se consideró la única vía posible ya que la propiedad pertenece a una sociedad en quiebra, lo que impedía una negociación directa.
El proceso administrativo y legislativo se remonta a 2018, cuando el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 2803/2018 que declaraba la utilidad pública del inmueble. No obstante, lo que encendió las alarmas de la oposición fue el decreto de febrero de 2024 que autorizó un ajuste presupuestario para asignar $30.000.000 específicamente para la adquisición del terreno.
La falta de información detallada sobre esta asignación de fondos y el destino de los mismos llevó a los concejales del bloque peronista —Romina Albarracín, Mónica Castro, Sergio Carrón y Martín Videla— a presentar un exhaustivo pedido de informe. Entre sus demandas, solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal los informes del Asesor Letrado y del Auditor Municipal que expliquen el presunto incumplimiento de los plazos, las constancias registrales actualizadas, un plan definitivo de expropiación, el avalúo oficial del Tribunal de Tasaciones, y un informe detallado de la Secretaría de Hacienda que justifique el destino de los $30.000.000.
Ante la consulta de DIARIO HUARPE, la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, abordó el tema y aseguró que están trabajando en la respuesta. "El pedido de informe tiene estado parlamentario, está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Todo se está dando dentro del marco legal y no existe ninguna irregularidad e incluso el proceso de expropiación se está dando en tiempo y forma", afirmó Correa. Con estas palabras, la funcionaria busca desestimar las acusaciones de la oposición y defender la transparencia del proceso.
Correa también aprovechó para remarcar la independencia del Ejecutivo Municipal de rendir cuentas directamente a la oposición, señalando que "si tiene que hacerlo, lo hace al Tribunal de Cuentas". La concejal oficialista expresó su sorpresa por la formalidad del pedido de informe, argumentando que mantiene una buena relación con los ediles peronistas. "Ellos hicieron el pedido de informe, pero personalmente nadie me pidió explicaciones, incluso me sorprende porque tenemos muy buen diálogo, ya que trabajamos en ordenanzas que sacamos por unanimidad", concluyó.
A pesar de la postura de Correa, la controversia persiste. La oposición insiste en que, más allá de la legalidad del proceso, la falta de información detallada son motivos suficientes para una investigación exhaustiva. La tensión entre el oficialismo y la oposición parece escalar en el Concejo Deliberante rivadaviense, donde cada movimiento es observado con lupa en un contexto de incertidumbre económica y política.