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Tarifas de gas: las empresas tendrían subas de 40%, sin quita de subsidios

El interventor del Ente Regulador del Gas, Federico Bernal, giró esta semana los documentos a las empresas. Distribuidoras y transportistas mejorarían sus ingresos y no habría eliminación de subsidios en marzo.

POR EL CRONISTA PARA DIARIO HUARPE

Por Santiago Spaltro

El aumento de hasta un 20% en las boletas de gas se hará efectivo en marzo, según planea el Gobierno. Será para remunerar las tarifas de empresas reguladas de transporte y distribución; y no habrá una eliminación de los subsidios.

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Así surge de los documentos oficiales que giró esta semana el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, a las licenciatarias Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA, que conforman una adenda a las actas acuerdo firmadas en mayo del año pasado.

Según informó este jueves Distribuidora de Gas Cuyana -integrante del grupo EcoGas- a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), su Directorio aprobó el "Proyecto de Adenda al Acuerdo Transitorio de Renegociación", mediante el que se materializarían "incrementos en la tarifa de distribución de la Sociedad diferenciados por categoría de usuario, con un impacto promedio ponderado de alrededor del 40%".

Otras compañías consultadas por El Cronista validaron la información, pero explicaron que la adenda a las actas acuerdo está aún en plena negociación.

Cuándo llega el aumento del gas

No obstante, las distribuidoras se preparan para tener una mejora en sus ingresos desde el 1 de marzo de entre 35% y 50%, con un impacto final sobre las facturas de los usuarios residenciales de entre 10% y 15%. En 2021, las distribuidoras habían tenido un incremento cercano al 26%.

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A eso habrá que sumar la recomposición de los márgenes de las transportistas, que desde abril de 2019 tienen congeladas sus tarifas.

Con todo, la suba final que verán reflejados los hogares se mantiene entre un 17% y un 20%, y llegaría con las facturas de mediados de abril o principios de mayo, tras la lectura de los medidores o las estimaciones bimestrales de consumo.

De acuerdo a una presentación de la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) en las últimas audiencias públicas, en promedio el 41% de las boletas está explicado por el precio mayorista del gas, que remunera a las productoras y se traslada a las tarifas (pass through), el 11% corresponde al transporte, el 24% a la distribución y otro 24% a impuestos.

Por eso, la propuesta de Bernal de dejar quieta la porción del precio mayorista, por donde se canalizan los subsidios, tendrá un impacto fiscal, en el contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un ajuste en las tarifas de la energía.

Fuentes privadas del sector creen que esa cuestión puede llegar a torcer el plan del Enargas de no tocar los subsidios en la parte mayorista.

En este escenario, según proyecciones oficiales, el Estado nacional asumiría aproximadamente el 70,9% del costo del gas o el equivalente en pesos a 3,43 dólares por millón de BTU; mientras que los usuarios residenciales pagarán u$s 1,41 de su bolsillo.

Así las cosas, la Secretaría de Energía necesitaría sumar $ 81.000 millones a los $ 135.000 millones que ya tiene asignados presupuestariamente al fin de subsidiar los consumos de gas.

Las adendas a las actas acuerdo las debe refrendar el ministro de Economía, Martín Guzmán, en los próximos días.

Su cartera trabaja con un plan de segmentación de las tarifas "alternativo" o "complementario" al que ya presentaron el Enargas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en diciembre, para trascender los criterios geográficos y vincular la demanda energética y los ingresos de cada grupo familiar.

En esa tarea está ocupado desde hace meses el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio.

La cercanía de una firma de Carta de Intención y un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades argentinas y el FMI marcan la urgencia de las definiciones políticas.

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