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Así se aplica la educación en casa en el mundo: el método que regulariza la Reforma Educativa
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POR REDACCIÓN
La educación en el hogar, o homeschooling, es una realidad con estatus legal muy diverso en el mundo. Mientras en algunos países es una opción plenamente reconocida y regulada, en otros se encuentra prohibida. En Argentina, esta modalidad ha operado históricamente en un vacío legal, pero el reciente proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el gobierno nacional busca, por primera vez, establecer un marco regulatorio específico para ella, alineando al país con las prácticas de naciones que ya la han integrado a sus sistemas educativos.
El panorama internacional: aceptación, regulación y prohibición
El estatus del homeschooling varía drásticamente según la legislación de cada país, reflejando visiones diferentes sobre el rol de la familia y el Estado en la educación.
En América del Norte, encontramos los modelos de mayor aceptación y flexibilidad. En Estados Unidos, esta modalidad es legal en los 50 estados y la eligen entre 3.1 y 4 millones de estudiantes, lo que la convierte en una opción educativa consolidada. La regulación, sin embargo, no es uniforme: depende de cada estado, yendo desde sistemas de notificación sencilla hasta otros que exigen informes periódicos y evaluaciones estandarizadas obligatorias. En Canadá, también es legal, con una población estimada de 100,000 niños educados bajo esta modalidad, sujeta a condiciones que varían por provincia.
En Europa y varios países latinoamericanos, predomina un modelo de regulación estricta y supervisión estatal. Países como Francia permiten el homeschooling, pero la ley exige autorizaciones previas y somete a las familias a inspecciones anuales para verificar la calidad y el progreso de la enseñanza. En Chile, donde es legal y se estima que hay entre 8,000 y 15,000 estudiantes, es obligatorio un registro formal ante el Ministerio de Educación. México presenta un caso particular, donde si bien no existe una ley que obligue exclusivamente a la escolarización presencial, se reconoce el derecho a la educación en casa y organismos como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) facilitan la acreditación de estudios a través de exámenes libres.
En el extremo opuesto se encuentra el modelo de prohibición, cuyo ejemplo más citado es Alemania. Allí, la educación es obligatoriamente institucional, debiendo impartirse en escuelas públicas o privadas autorizadas. El homeschooling está prohibido, con contadas excepciones, como cuando la asistencia escolar supone una dificultad extrema para el niño. Se estima que solo unos 400 niños son educados en casa, a menudo enfrentando procesos legales por parte de las autoridades. Otros países como Grecia, Turquía y Suecia mantienen posturas similares, donde la escolarización en una institución reconocida es el único camino legal.
La situación actual en Argentina: alegalidad y proyecto de cambio
Hasta la fecha, Argentina no cuenta con una ley que regule explícitamente la educación en el hogar. La Ley de Educación Nacional 26.206 establece la obligatoriedad escolar, pero no especifica alternativas, creando una tensión legal con el artículo 14 de la Constitución Nacional que reconoce el derecho a "enseñar y aprender". Esto ha generado una situación de "alegalidad", donde la práctica no es ilegal per se, pero carece de un marco que la ordene y proteja.
Frente a este vacío, muchas familias han recurrido a la figura del "alumno libre", existente en algunas provincias como Córdoba, Río Negro o la Ciudad de Buenos Aires. Este mecanismo les permite acreditar conocimientos rindiendo exámenes anuales gratuitos basados en el currículum oficial. No obstante, la ausencia de una normativa clara ha dejado a las familias en un terreno incierto, derivando en ocasiones en casos judiciales con fallos contradictorios.
La propuesta argentina: la Ley de Libertad Educativa
El proyecto de ley presentado al Congreso busca llenar este vacío regulatorio, estableciendo por primera vez un procedimiento formal para el homeschooling. La propuesta se asemeja a los modelos de regulación moderada, como el de Chile o algunos estados de EE.UU., combinando libertad para las familias con un mecanismo de control estatal basado en resultados.
Los artículos clave que regulan esta modalidad en el proyecto son:
Artículo 49: Define formalmente la "Educación en el hogar" como una de las "formas alternativas de enseñanza" dentro del Sistema Nacional de Educación.
Artículo 50: Establece que estas formas alternativas "se organizan y desarrollan libremente", otorgando a las familias la libertad de elegir métodos, materiales y ritmos de aprendizaje.
Artículo 51: Crea la obligación de inscribir al estudiante en un registro jurisdiccional. Este trámite debe realizarse mediante "procedimientos no discrecionales, sin controles invasivos de la vida familiar".
Artículo 52: Establece el núcleo del control estatal: la validez de los estudios se garantizará mediante evaluaciones estandarizadas. Estas evaluaciones medirán exclusivamente el cumplimiento de los "contenidos mínimos comunes" nacionales y provinciales, y podrán rendirse en escuelas o sedes habilitadas.
Artículo 53: Agrega salvaguardas, indicando que no podrán imponerse "cargas desproporcionadas" que restrinjan injustificadamente el ejercicio de esta modalidad.
Un debate global con raíces locales
La discusión sobre el homeschooling en Argentina se inserta en un debate global más amplio sobre la libertad educativa, el rol de los padres y las garantías del Estado. Los modelos internacionales muestran que es posible integrar esta modalidad de manera ordenada, aunque los criterios de supervisión y control varían significativamente.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone para Argentina un camino intermedio: reconocer el derecho y dar certeza jurídica a las familias, al tiempo que implementa un sistema de evaluación para asegurar estándares básicos de aprendizaje. Su eventual aprobación y aplicación marcaría un punto de inflexión, alineando al país con una tendencia internacional hacia la diversificación de las opciones educativas, siempre que se logre el complejo equilibrio entre la autonomía familiar y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes.