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Juicio por YPF: Burford exige comunicaciones clave de 21 funcionarios del Gobierno argentino
El bufete inglés Burford Capital insiste en obtener mensajes personales y documentos de funcionarios y exfuncionarios en medio de un litigio millonario por la expropiación de YPF, generando una nueva controversia con el Estado argentino.
POR REDACCIÓN
En el marco del prolongado litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital ha renovado su pedido para acceder a comunicaciones personales y documentos de una lista de 21 funcionarios y exfuncionarios argentinos. Esta solicitud forma parte de la fase de discovery judicial que se lleva adelante ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La controversia se intensifica luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación manifestara la imposibilidad de recopilar toda la información solicitada, pese a asegurar su disposición a cooperar en la medida de lo posible. Según la carta remitida el 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca evidencias para probar una supuesta relación de alter ego entre el Estado argentino y diversas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentinas.
Este litigio tiene antecedentes recientes: en 2023, la jueza Preska condenó a Argentina por mala praxis en la expropiación, imponiendo una multa que ya acumula más de 18.000 millones de dólares con intereses. La causa principal fue revisada en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás, y se espera un fallo para el próximo año. Paralelamente, Burford busca asegurar el cobro mediante diversas medidas, entre ellas la solicitud de acciones de YPF y la demostración de que el Estado y ciertas compañías estatales son "lo mismo" bajo la figura de alter ego.
El tribunal ordenó a Argentina entregar comunicaciones «off-channel», es decir, intercambios fuera de canales oficiales, considerando que se trata de información pública bajo leyes tanto estadounidenses como argentinas. No obstante, los demandantes critican que solo se haya producido un reducido volumen de mensajes de WhatsApp —unas 200 páginas de cinco funcionarios sobre un total de 36—, señalando que esto evidencia una resistencia sistemática y que WhatsApp es un canal habitual para asuntos oficiales.
Por su parte, el Estado sostiene que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos personales de altos funcionarios, y que la demora se debe a la complejidad y volumen del trabajo, no a una obstrucción deliberada. Además, aclara que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a colaborar, mientras que la negativa de algunos se basa en derechos legales reconocidos en Argentina.
De acuerdo con las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la lista de funcionarios abarca 36 personas, entre actuales y exfuncionarios de esta y la anterior administración. Entre los exfuncionarios destacan figuras como Sergio Tomás Massa, Agustín Oscar Rossi y Flavia Gabriela Royón, quienes ocuparon cargos vinculados a las entidades investigadas.
En cuanto a la colaboración, la mayoría de los funcionarios actuales contactados han accedido voluntariamente a entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre ellos se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto. También han colaborado algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo.
El punto más conflictivo radica en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes han invocado derechos amparados por la legislación argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado defiende que estos funcionarios ejercen prerrogativas legales que impiden obligarlos a revelar información privada sin consentimiento.
Burford, sin embargo, insiste en la importancia de las comunicaciones de Caputo y Quirno para esclarecer la relación entre la República Argentina, el Banco Central y YPF, citando resoluciones previas del tribunal que remarcan su relevancia. El bufete sostiene que Argentina está en "desacato" por no cumplir totalmente la orden judicial y que la negativa basada en la falta de consentimiento carece de fundamentos legales, dado que el tribunal ya determinó que la información requerida está bajo control del Gobierno.
Las discrepancias también se extienden a la metodología de búsqueda y entrega de documentos, incluyendo desacuerdos sobre términos de búsqueda, producción de informes y formatos para entregar ciertos archivos, como mensajes SWIFT.
La disputa refleja la complejidad del litigio y la tensión entre las exigencias judiciales internacionales y las protecciones legales nacionales, manteniendo abierta la incertidumbre sobre el alcance final de la información a producir y el impacto que pueda tener en la resolución del caso.