Catorce jueces confirmaron la condena a Cristina Kirchner por corrupción

No fue un fallo apurado ni una decisión aislada. La condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción fue analizada, discutida y validada por catorce jueces de diferentes tribunales a lo largo de nueve años de proceso judicial. Con la reciente resolución de la Corte Suprema, que dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se cerró el círculo legal más importante de la historia política reciente.

Desde 2016, cuando Javier Iguacel presentó la denuncia que dio origen a la causa Vialidad, el expediente pasó por las manos de jueces federales de instrucción, cámaras de apelaciones, tribunales orales, Casación Penal y finalmente la Corte Suprema. Ninguno de ellos revocó el núcleo de la acusación: que durante los gobiernos kirchneristas se direccionaron contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, provocando un perjuicio millonario al Estado.

El recorrido comenzó con el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa y envió a juicio a la entonces expresidenta por entender que hubo una maniobra estructural para favorecer al Grupo Austral. Lo acompañaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes sostuvieron la hipótesis de fraude.

La Cámara Federal —con Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia— confirmó la decisión. Luego intervino la Cámara de Casación Penal, donde tres jueces más avalaron el avance del proceso. Y en el juicio oral, el Tribunal Oral Federal N.º 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, fue el que finalmente dictó la condena en diciembre de 2022.

El fiscal general Diego Luciani impulsó la acusación en esa instancia y pidió incluso una pena mayor, sumando la figura de asociación ilícita. Tras la condena, la defensa de la expresidenta apeló, pero la Cámara de Casación —esta vez con Borinsky, Hornos y Barroetaveña— ratificó el fallo.

Finalmente, la Corte Suprema —con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— cerró el camino judicial al rechazar el último recurso.

El dato es ineludible: en ninguna de las etapas hubo votos en disidencia respecto al delito de administración fraudulenta. Todos los jueces coincidieron, desde distintas competencias y tiempos, en que hubo responsabilidad penal de Cristina Kirchner.

Esta unanimidad entre tantos magistrados es ahora utilizada por el oficialismo como argumento contra quienes sostienen que se trató de una persecución. El presidente Javier Milei celebró el fallo con un tuit que condensó su postura: “Justicia. Fin.”, escribió, y sumó una fuerte crítica a “periodi$ta$ corrupto$” y “político$ mentiro$o$” que, según él, montaron una operación para instalar un supuesto “pacto de impunidad”.

Cristina Kirchner, en silencio público desde la resolución, pierde así la posibilidad de competir en elecciones. Ya no es solo una cuestión política: por ley, está inhabilitada. La discusión sobre su futuro parece, al menos judicialmente, saldada.

Lo que queda es una señal institucional: un proceso extenso, controlado por múltiples jueces y cortes, que culmina con una condena firme a una expresidenta. En tiempos de sospecha sobre la independencia judicial, el caso Vialidad deja una marca: 14 jueces hablaron. Y todos dijeron lo mismo.