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Dos meses de cárcel para los dueños de Branka Motors y embargo total
La Justicia ordenó 60 días de detención y 12 meses de investigación para los eudños de Branka Motors.
La jueza de garantías Carolina Parra resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para los hermanos Marcó y su socio Facundo Agustín Banega Suvire en el marco de la investigación por las presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors. En la misma resolución fijó un plazo de 12 meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria sobre la causa y ordenó el embargo de todas las cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos financieros registrados a nombre de los imputados, con el objetivo de resguardar eventuales fondos destinados a la reparación de los denunciantes.
La decisión se conoció tras la audiencia realizada en Tribunales, en la que se analizaron los planteos del Ministerio Público Fiscal y de las defensas técnicas. Los tres acusados continuarán detenidos mientras avanza la pesquisa y permanecerán a disposición de la Justicia durante el período de prisión preventiva dispuesto. La magistrada consideró la magnitud del expediente y el volumen de denuncias acumuladas al momento de resolver la medida de coerción.
La causa investiga un total de 348 hechos denunciados y un perjuicio económico estimado en más de $510 millones. Según consta en la imputación provisoria, los acusados ofrecían motocicletas a valores inferiores a los del mercado, establecían plazos de entrega y luego incumplían los compromisos asumidos. Parte de los damnificados habría abonado la totalidad del rodado de contado, mientras que otros recurrieron a préstamos personales para concretar la operación comercial que, de acuerdo con las presentaciones judiciales, nunca se materializó.
El embargo dispuesto por la jueza alcanza no solo a cuentas bancarias tradicionales sino también a plataformas de pago y billeteras virtuales, así como a cualquier instrumento financiero que pudiera detectarse durante el avance de la investigación. La medida incluye además bienes registrables que se encuentren a nombre de los imputados. El propósito central es asegurar un eventual recupero patrimonial ante una posible sentencia condenatoria o acuerdos de reparación integral.
Durante la audiencia, la fiscalía había solicitado una medida de coerción más extensa, mientras que la defensa requirió la excarcelación y un plazo menor de investigación, al considerar que gran parte de la prueba documental ya se encuentra incorporada al expediente. Finalmente, el tribunal entendió que la complejidad del caso y la cantidad de personas afectadas justifican la adopción de una medida intermedia y la fijación de un plazo anual para la profundización de las diligencias pendientes.
Con esta resolución, la causa ingresa en una etapa clave marcada por la toma de nuevos testimonios, peritajes contables, análisis de movimientos financieros y cruces de información bancaria. En los próximos meses se definirá la eventual formulación de acusación formal y la situación procesal definitiva de los imputados, en un expediente que por su volumen y alcance ya se ubica entre los de mayor impacto económico en la provincia.