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El hombre que golpeó salvajemente a su hijo y amenazó a su mujer no irá a la cárcel
El acusado recibió tres años de prisión en suspenso tras violar medidas de protección y agredir a sus familiares.
POR REDACCIÓN
En el marco de un juicio abreviado, la Justicia de San Juan condenó a L.A.W. (identificado con iniciales para resguardar a las víctimas) a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El fallo, dictado por el juez subrogante Alberto Ramón Caballero, unificó diversos delitos que incluyen lesiones leves y agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas, violación de domicilio, hurto simple y desobediencia judicial.
La escalada de violencia alcanzó su punto crítico el 27 de diciembre de 2025. Esa madrugada, el hombre saltó una reja e ingresó al domicilio de su expareja, ignorando las medidas de protección vigentes. Según consta en la denuncia, el agresor le gritó desde el exterior: “Te voy a matar culiada, ya vas a ver, te voy a matar, les voy a prender fuego ¿Con quién estás adentro culiando? Te quiero ver, a ver, prendé la luz”.
Horas más tarde, el sujeto le envió mensajes intimidatorios asegurando que se había “descargado la bronca” con otra persona. Minutos después, la mujer supo que el condenado había interceptado a su hijo de 21 años en la vía pública, a quien atacó con golpes de puño en el rostro y cuello hasta derribarlo. Vecinos intervinieron para detener la agresión, pero el imputado regresó poco después exhibiendo un cúter y lanzando nuevas amenazas de muerte contra el joven y su familia.
El historial delictivo de L.A.W. pesó en la resolución; el expediente menciona un hecho de marzo de 2022 donde estranguló a su expareja hasta la pérdida de conocimiento, y otro episodio en diciembre de 2025 donde la persiguió y agredió en la calle.
Debido a la reiteración de estas conductas, el juez resolvió revocar el beneficio de suspensión del juicio a prueba que poseía el individuo. Aunque no irá a la cárcel, deberá cumplir durante dos años estrictas reglas de conducta: tiene prohibición absoluta de contacto con los damnificados, debe someterse a tratamiento psicológico, abstenerse de consumir alcohol o drogas y quedar bajo el control del Patronato de Presos y Liberados. La causa fue impulsada por la fiscal Alejandra Bazán y Laura Romero de CAVIG, mientras que la defensa estuvo a cargo de Jorge Bustos.