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Política > Reforma oficial

Las claves de la reforma educativa que propone el gobierno de Javier Milei

La iniciativa, de 169 artículos, deroga la ley vigente desde 2006 y propone una transformación estructural. 

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
Presentaron la "Ley de Libertad Educativa": qué cambia en las escuelas. FOTO: Gentileza

El Gobierno nacional presentó formalmente este martes el proyecto de "Ley de Libertad Educativa", una reforma integral que propone transformar la estructura del sistema educativo argentino. La iniciativa, de 169 artículos, fue oficializada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las conclusiones del Consejo de Mayo y deroga la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006.

El proyecto se centra en la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) pero incluye también cambios significativos en el financiamiento universitario. Entre sus puntos más destacados, crea un examen nacional de finalización de la secundaria, formaliza la educación en el hogar como "forma alternativa de enseñanza", amplía la autonomía de las escuelas y promueve un rol protagónico de las familias.

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"La evidencia internacional demuestra que los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad de los docentes, los directores, las familias y los propios estudiantes como los verdaderos protagonistas del proceso educativo", fundamenta el informe del Consejo de Mayo.

A diferencia del borrador filtrado en noviembre, la versión oficial no incluye la habilitación de "enseñanza religiosa confesional" en escuelas públicas, una medida que había generado polémica. Estos son los cinco cambios clave que propone la reforma:

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1. Mayor autonomía escolar: cada escuela podrá definir su plan de estudios

El proyecto establece que cada institución educativa tendrá facultad para elaborar sus planes de estudio, estrategias didácticas, organización interna y calendario escolar. Los directores de escuelas estatales podrán seleccionar y proponer la contratación de docentes –sujeto a ratificación provincial– y proponer suspensiones o separaciones del personal.

Si bien se mantendrán "contenidos mínimos comunes" nacionales y jurisdiccionales, la norma promueve una mayor "libertad curricular" al permitir "planes de estudio institucionales". Para esto se creará un Registro Nacional de Planes de Estudio.

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En cuanto a la carga horaria, se establece un mínimo de 540 horas anuales para educación inicial (equivalente a 180 días de 3 horas) y 720 horas para primaria y secundaria (180 días de 4 horas). Estos pisos son inferiores a los acordados en 2024 por el Consejo Federal de Educación (760 horas para primaria y 900 para secundaria).

Además, se declara la "esencialidad" de la educación básica, lo que obliga a garantizar la continuidad del servicio ante cualquier medida de fuerza.

2. Un rol central para las familias: consejos de padres y transparencia de datos

La iniciativa crea "consejos de padres" en escuelas estatales, que participarán en el nombramiento y remoción del equipo directivo y en la elaboración de reglamentos internos. Si bien no tendrán injerencia en la contratación de docentes –a diferencia del borrador inicial–, su rol se fortalece institucionalmente.

El proyecto reconoce el derecho de las familias a elegir "las instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones" y establece que el Estado podrá publicar información desagregada por escuela sobre resultados de evaluaciones, algo actualmente prohibido por la ley vigente.

3. Homeschooling y educación virtual: nuevas "formas alternativas de enseñanza"

El capítulo VI formaliza la educación en el hogar (homeschooling) y la educación en entornos virtuales, que puede ser totalmente virtual o híbrida, sin edad mínima. La educación virtual podrá quedar en manos de instituciones de otros países.

Los estudiantes bajo estas modalidades deberán acreditar los contenidos mínimos a través de evaluaciones estandarizadas que podrán rendir en cualquier escuela. Cada provincia deberá tener un registro de estos estudiantes, con procedimientos "no discrecionales" y sin "controles invasivos de la vida familiar".

El proyecto incluye una salvaguarda importante: los organismos jurisdiccionales tendrán acceso a la información necesaria para la "prevención, detección y asistencia en casos de posible vulneración de derechos" de los niños.

4. Evaluación y examen final de secundaria: el nuevo ENES

Se mantienen las evaluaciones nacionales (Aprender), que abarcarán aprendizajes de contenidos mínimos y el desempeño de docentes y directivos. La mayor novedad es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), definido como "una evaluación individual voluntaria" que integrará conocimientos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

El proyecto enfatiza la evaluación docente periódica –cada cuatro años como máximo–, vinculando la estabilidad laboral al "desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional". Se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente en reemplazo del actual INFoD.

5. Financiamiento del sistema: cambios en escuelas y universidades

El proyecto elimina la meta de inversión del 6% del PBI y establece que la financiación de la educación básica "es un deber de las jurisdicciones", mientras el Estado nacional solo financiará "las acciones propias de la política educativa nacional".

Para las universidades públicas, se redefine el financiamiento con criterios centrados "en el estudiante" y en el "desempeño". El 75% de los fondos se asignará según la cantidad de estudiantes (considerando solo a los regulares que aprueben al menos dos materias por año), el 20% según desempeño (egresados, investigación, extensión) y el 5% restante mediante programas específicos con metas verificables.

Además, se establece que el control administrativo externo de las universidades estatales será competencia concurrente de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano.

El proyecto, que según el Gobierno representa "una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años", deberá ahora iniciar su camino en el Congreso, donde se espera un debate intenso en medio de un escenario político complejo y con un sistema educativo que arrastra profundas crisis de aprendizaje y desigualdad.

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