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Ley de discapacidad: Francos confirmó la promulgación, pero no aplicará sin los fondos
El Ejecutivo confirmó que promulgará la norma, aunque no la reglamentará hasta definir con qué recursos se financiará. La ley prevé ampliar pensiones y reforzar el sistema de atención, con un impacto fiscal que podría superar los $3,6 billones.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, ratificada por el Congreso luego de rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la reglamentará hasta establecer el origen de los fondos necesarios para su aplicación.
La iniciativa, impulsada por la oposición y aprobada con un amplio respaldo parlamentario (incluidas fuerzas aliadas del oficialismo), logró superar los dos tercios exigidos en ambas cámaras para revertir el veto presidencial. Pese a que en un principio el Ejecutivo había evaluado acudir a la Justicia para frenar la norma, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó su promulgación, aunque advirtió que no se aplicará sin un esquema de financiamiento definido.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, señaló Francos. Y advirtió: “No me pueden endilgar a mí que vea de qué partidas se sacan los fondos. Que me digan si hay que sacarle a los jubilados para pasarlo a discapacidad”.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría incrementar la cantidad de beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas, con un costo fiscal estimado entre $1,88 billones y $3,62 billones, equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI. A esto se suman $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.
La ley fue aprobada en un contexto de crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, marcado por recortes presupuestarios y cuestionadas auditorías que redujeron drásticamente la cantidad de beneficiarios. El caso se agravó tras la salida del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de que se filtraran audios sobre un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.
Entre sus puntos centrales, la norma establece el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad, ingresos por debajo de dos Salarios Mínimos y que no perciban prestaciones similares. El beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado dentro de los límites fijados.
También dispone la transformación automática de todas las pensiones ya otorgadas, la actualización mensual de aranceles de prestaciones según el índice de inflación y un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para entidades vinculadas al sector. Asimismo, refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de articular las políticas en el área.
Aunque el Gobierno decidió finalmente promulgar la ley, su implementación quedará supeditada a la definición de un esquema de financiamiento consensuado con el Congreso. Hasta tanto, las medidas dispuestas en la norma permanecerán en suspenso.