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Más de 100 damnificados acusan a Javier Calamaro por estafa
El cantautor Javier Calamaro fue denunciado penalmente por su presunta participación en una red de estafas inmobiliarias en las sierras cordobesas.
POR REDACCIÓN
El músico Javier Calamaro fue denunciado judicialmente en Córdoba por su supuesta vinculación a una estafa inmobiliaria que afecta a más de 100 damnificados, quienes adquirieron parcelas en un emprendimiento que nunca contó con escrituras válidas ni dominio legal de las tierras.
Según las presentaciones judiciales, Calamaro se habría asociado en 2013 con otras dos personas para conformar una sociedad que impulsó el proyecto denominado Chacras del Universo, ubicado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 101, cercano a Capilla del Monte. El cantante, con amplio reconocimiento mediático, habría sido utilizado como cara visible del emprendimiento para generar confianza en los inversores.
Los denunciantes aseguran que les prometieron la posibilidad de construir un barrio cerrado de alto nivel, pero que, pese a haber firmado boletos de compraventa y entregado sumas de dinero, nunca accedieron a títulos de propiedad legítimos. En varios casos, los terrenos incluso habrían sido vendidos más de una vez a distintos compradores, lo que profundiza la problemática y las irregularidades detectadas.
Una de las damnificadas relató que en 2018 pagó cerca de 8.000 dólares de buena fe tras verse atraída por videos promocionales donde el propio Calamaro presentaba el proyecto, pero que luego no pudo ingresar al predio ni concretar la escrituración. La falta de avances en el emprendimiento y las excusas de los responsables motivaron la denuncia colectiva.
Desde la defensa del músico se indicó que él habría adquirido parte del terreno dentro de la sociedad y que, con el tiempo, surgieron conflictos con terceros que presuntamente usurparon o comercializaron de forma irregular los lotes, lo que ahora está siendo objeto de investigación judicial.
La causa continúa en manos de la justicia cordobesa, que deberá determinar responsabilidades penales y civiles en torno al proyecto inmobiliario y las supuestas maniobras fraudulentas, mientras los damnificados esperan una resolución que les permita recuperar sus inversiones o ser indemnizados por los perjuicios sufridos.