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Media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno celebró el avance
El oficialismo consiguió en el Senado la media sanción del proyecto que modifica la Ley de Glaciares y defendió la iniciativa como una respuesta a “un reclamo histórico de las provincias”.
POR REDACCIÓN
El Senado aprobó este jueves la media sanción del proyecto que reforma la Ley de Glaciares y el Gobierno celebró el resultado como un paso clave para “ordenar competencias y dar previsibilidad” a las provincias cordilleranas. Desde la Casa Rosada remarcaron que la iniciativa busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.
Funcionarios nacionales sostuvieron que la modificación “salda un reclamo histórico de las provincias”, al otorgarles mayor participación en la determinación de la relevancia hídrica de los cuerpos de hielo y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental.
El proyecto mantiene la declaración de los glaciares como reservas estratégicas de agua, pero introduce precisiones sobre los criterios técnicos para definir qué áreas quedan bajo protección estricta. Además, establece que las evaluaciones ambientales deberán ajustarse a la Ley General del Ambiente y al Régimen de Gestión Ambiental del Agua.
Uno de los puntos centrales es que las provincias tendrán mayor poder para determinar si un glaciar o ambiente periglacial cumple una función hídrica relevante, condición que influirá en la autorización o no de actividades productivas.
El Gobierno apuesta a que la reforma facilite inversiones en minería e hidrocarburos en distritos como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Argumenta que la normativa actual generaba “incertidumbre jurídica” y frenaba proyectos estratégicos.
Desde el oficialismo aseguran que la iniciativa no elimina la protección ambiental, sino que la “moderniza” y la articula con criterios técnicos actualizados.
La media sanción fue rechazada por bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten que la reforma podría debilitar los estándares de protección vigentes desde 2010.
Sectores críticos sostienen que dejar en manos de las provincias la determinación de la relevancia hídrica abre la puerta a interpretaciones más flexibles que podrían habilitar actividades extractivas en zonas hoy protegidas.
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Allí se anticipa un debate intenso, con fuerte presión de gobernadores, empresas del sector minero y organizaciones ambientales.
Mientras el Gobierno celebra el avance legislativo, la discusión de fondo (equilibrio entre desarrollo productivo y protección de recursos estratégicos de agua) seguirá marcando la agenda política en las próximas semanas.