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Regularización dominial: cuáles son las dudas más frecuentes sobre el trámite
El Gobierno de San Juan brindó información para aclarar consultas habituales sobre el trámite que permite a familias obtener la escritura de la vivienda que habitan.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan difundió información para aclarar dudas frecuentes sobre el trámite de regularización dominial, un procedimiento que permite a las familias obtener la escritura de la vivienda que habitan cuando aún no cuentan con el título de propiedad.
Este proceso se realiza a través de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, dependiente del Ministerio de Gobierno, y está destinado a quienes ocupan una vivienda de forma lícita y permanente, pero todavía no han podido acceder a la titularidad del inmueble.
El trámite busca regularizar la situación jurídica de la vivienda mediante un procedimiento administrativo y notarial que verifica si el ocupante cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente para acceder a la escritura.
Entre las principales condiciones para iniciar el proceso se encuentra haber adquirido el inmueble de manera lícita, habitarlo como vivienda única y permanente y demostrar una ocupación pública, pacífica y continua al menos desde 2006.
Para comenzar el trámite, los interesados deben presentarse en la oficina correspondiente con su documentación personal y la de su grupo familiar, además de aportar pruebas que acrediten la ocupación del inmueble, como boletos de compraventa, cesiones de derechos o comprobantes de servicios donde figure el domicilio.
Luego se realiza una visita censal y técnica en la vivienda y, posteriormente, se abona un monto equivalente al 1% del avalúo fiscal del inmueble, que cubre los costos del proceso de escrituración.
Finalmente, cuando el expediente concluye, los beneficiarios son convocados por la escribanía correspondiente para firmar la escritura y obtener el título de propiedad de su vivienda.
El programa forma parte de las políticas provinciales orientadas a garantizar seguridad jurídica sobre la vivienda familiar, permitiendo que quienes la habitan puedan consolidar legalmente su propiedad.