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Tierra del Fuego flexibiliza la ley que prohibía las salmoneras y abre nuevas zonas para su explotación
La Legislatura provincial aprobó con una ajustada votación la reforma a la Ley 1355, que mantiene la prohibición en el Canal Beagle pero permite la acuicultura en otras áreas, generando debate y posible judicialización.
POR REDACCIÓN
El 16 de diciembre de 2025, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una reforma a la Ley Provincial N°1355, que regula la acuicultura en la región, flexibilizando la prohibición vigente sobre la cría de salmones y truchas. La votación fue estrecha, con ocho votos a favor y siete en contra, y mantiene la prohibición total en el Canal Beagle y lugares como la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, mientras que habilita el desarrollo de la actividad en otros cuerpos de agua.
El gobernador Gustavo Melella defendió la reforma como un avance para el futuro productivo de la provincia. En sus redes sociales afirmó que la nueva norma “será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva” y destacó que posiciona a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de empleo y la inversión privada. Además, aseguró que la legislación incorpora “los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia”.
La reforma, conocida como Ley de Acuicultura Sostenible, establece que cualquier proyecto de acuicultura deberá contar con una Evaluación Ambiental Estratégica acorde a estándares internacionales y habilita tecnologías como los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS) para el uso consultivo de agua dulce. También crea el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego, dependiente de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, que tendrá como función impulsar la investigación y optimizar la cría de organismos acuáticos en la provincia.
El debate legislativo fue especialmente tenso dentro del oficialismo y entre sus aliados. El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), calificó la reforma como “inconstitucional” y adelantó que podría ser impugnada judicialmente. Señaló que durante el tratamiento de la ley hubo irregularidades, afirmando que “se violaron el reglamento interno de la Cámara, el reglamento de comisiones y el debido proceso legal legislativo”. Villegas también manifestó que “Se le ha mentido al pueblo” y que detrás de la iniciativa hay “intereses económicos”.
Por su parte, la legisladora Laura Colazo, del Partido Verde, advirtió sobre el impacto ambiental en la zona norte del área marítima, donde podrían establecerse nuevos proyectos. Subrayó que “El mar es uno solo. El impacto ambiental no reconoce los límites de una ley. Afectar un sector termina dañando todo el ecosistema”.
La reforma responde a una iniciativa impulsada por el senador nacional Agustín Coto, de La Libertad Avanza, quien cuando fue legislador provincial promovió la derogación de la prohibición total vigente desde 2021. Coto celebró que la nueva ley “va a reemplazar la prohibición total de cría de salmones y truchas por un marco moderno y regulado”, y remarcó que “prohibir por miedo nunca fue solución”, en un mensaje dirigido a las organizaciones ambientalistas.
El objetivo de la ley es potenciar el desarrollo productivo del norte de Tierra del Fuego sin afectar las áreas claves para el turismo, un sector que emplea a más de 16.000 personas y constituye una de las principales fuentes de ingresos de la provincia. Las autoridades estiman que la actividad acuícola permitirá atraer inversiones y disminuir la dependencia de las más de 5.000 toneladas anuales de salmón importado desde Chile.
Entre las nuevas obligaciones que impone la ley, se encuentra que todo proyecto acuícola deberá presentar una Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de obtener autorización. Además, el Poder Ejecutivo provincial deberá definir las reglas para aprobar los proyectos, determinar el uso del agua y establecer qué porcentaje de la producción debe destinarse al consumo local.
La reforma genera una controversia profunda en el seno del peronismo y sus aliados, al tiempo que marca un posicionamiento en la agenda de desarrollo de Tierra del Fuego, que comparte con otros gobernadores opositores al gobierno nacional libertario la idea de aprovechar más los recursos naturales, aunque ello implique debates sobre los impactos ambientales.