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Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia con la ley de Muerte Digna
El Senado aprobó una norma que despenaliza la eutanasia para mayores de edad con enfermedades irreversibles, garantizando un proceso controlado y supervisado por médicos.
POR REDACCIÓN
El Senado de Uruguay dio luz verde a la ley de Muerte Digna, convirtiendo al país en pionero en América Latina al legalizar la eutanasia. La iniciativa fue aprobada tras un debate que superó las diez horas y contó con el apoyo de legisladores del Frente Amplio, así como de sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
La ley establece el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” para personas mayores de edad, con capacidad psíquica, que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos insoportables. Esta norma despenaliza la eutanasia para quienes deseen poner fin a su vida de forma controlada y bajo supervisión médica.
Podrán acceder a este derecho tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros residentes que acrediten vivir en el país. El procedimiento incluye pasos rigurosos para asegurar el consentimiento informado y la intervención de médicos acreditados, garantizando así la protección legal y ética del proceso.
El senador colorado Ope Pasquet, uno de los principales promotores de la ley, destacó que se trata de una medida “necesaria, liberal y humanitaria”. En sus palabras: “Hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final”.
Tras la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para reglamentar la ley. Posteriormente, en un período de 90 días, se conformará la Comisión Honoraria de Revisión, encargada de supervisar los procedimientos de eutanasia y elaborar informes anuales.
Esta comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su función será garantizar que la aplicación de la ley respete los principios éticos, legales y de derechos humanos que la fundamentan.