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Caucete demandó al EPRE y Decsa por deuda millonaria
El municipio de Caucete, que comanda Romina Rosas, demandó a Decsa y al EPRE tras la decisión que los obliga a pagar una deuda que asciende a los $500.000.000.
Por Marcos Ponce
El Municipio de Caucete dio un paso decisivo en su prolongado conflicto contra la Distribuidora Eléctrica de Caucete (Decsa) y también con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), al interponer una contundente demanda de nulidad y una medida cautelar de "no innovar" ante la Justicia Civil, Comercial y Minería de San Juan. La acción judicial busca suspender la ejecución de dos resoluciones del EPRE (N° 1045/24 y N° 0508/25) que consolidan una deuda millonaria que asciende a los $500.000.000 a favor de Decsa, acusándolas de ser “nulas de nulidad absoluta” y de causar un grave perjuicio al patrimonio municipal.
El conflicto, que ha sido un tema recurrente en los últimos meses, tiene como eje principal la facturación del servicio de alumbrado público y la gestión del Cargo Único Municipal (CUM), una contribución que se cobra en las boletas de electricidad de los cauceteros. Según la municipalidad encabezada por Romina Rosas, el EPRE ha actuado de manera parcial, favoreciendo los intereses de la distribuidora y desestimando las pruebas presentadas por la comuna.
La demanda, presentada a través del abogado Cristian Javier Saffe, pone en la mira dos puntos clave de la disputa. Por un lado, el Municipio sostiene que Decsa ha estado facturando consumos de alumbrado público que no se corresponden con la realidad. Una auditoría técnica realizada por el ingeniero Ignacio Luna, contratado por la comuna, concluyó que el consumo mensual del parque lumínico de Caucete (5.095 lámparas) oscila entre 110.648,99 y 117.564,55 kilovatios-hora (kWh). Esta cifra contrasta drásticamente con los 516.952 kWh mensuales que imputaba Decsa, lo que, según el Municipio, se traduce en un “cobro indebido” y un “enriquecimiento sin causa” a favor de la empresa.
Además, la gestión del Cargo Único Municipal (CUM) ha sido motivo de fuertes críticas. El CUM, equivalente al 16% del consumo medido, está destinado a financiar el alumbrado público y el funcionamiento de los edificios municipales. Sin embargo, la comuna denunció "irregularidades" por parte de Decsa, como la modificación unilateral del porcentaje, omisiones de cobro y exenciones aplicadas de manera deficiente, lo que generó un "déficit" en la recaudación municipal que se arrastra desde 2022. La comuna ha insistido en la necesidad de una auditoría contable profunda, pero el EPRE no la ha realizado.
Desde Caucete acusan al EPRE de haber actuado "exclusivamente en defensa de los intereses económicos de Decsa". Sostiene que el ente regulador desestimó la auditoría técnica municipal sin justificación adecuada y priorizó un informe "parcial e incompleto" presentado por la propia distribuidora. Además, la demanda cuestiona la falta de convocatoria a una Audiencia Pública para un tema que afecta directamente a los usuarios, quienes son los que financian el servicio a través del CUM. Para la Municipalidad, esta omisión vulnera el principio de publicidad y el derecho de participación ciudadana, deslegitimando las resoluciones dictadas.
La acción judicial busca, a través de la medida cautelar, que la Justicia ordene la suspensión de cualquier tipo de cobro o ejecución de la deuda mientras se resuelve la cuestión de fondo. La Municipalidad solicita que la facturación se limite a los consumos efectivamente medidos y que se realice la rendición mensual del CUM.