Los privados ahora podrán construir las líneas eléctricas en San Juan

San Juan se encuentra en la antesala de una verdadera revolución en su sector energético. Un flamante marco regulatorio a nivel nacional ha abierto las compuertas a la inversión privada, permitiendo que empresas y generadores de energía no solo produzcan electricidad, sino que también construyan sus propias líneas de transporte. Esta medida, impulsada por leyes y resoluciones federales, representa un cambio sustancial que, según expertos y funcionarios locales, podría dinamizar la matriz energética provincial y descomprimir la necesidad de inversión estatal en infraestructura crucial.

Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), fue categórico al señalar la trascendencia de este giro. "Hay un nuevo marco regulatorio de la actividad eléctrica nacional, eso se ha emitido una ley hace muy poco, que ha modificado sustancialmente la organización del mercado eléctrico mayorista", explicó Ferrero, destacando que la Ley 24.065 es la piedra angular de esta transformación. Este esquema, de alcance nacional, está fundamentalmente orientado a permitir que privados participen en la expansión del transporte eléctrico. Si bien la provincia puede "alentar" estas iniciativas, es vital recalcar que la regulación y disposición final de la actividad de transporte eléctrico recae, de forma exclusiva, en la Nación Argentina.

Desde la Dirección de Recursos Energéticos, su titular, José María Ginestar, brindó detalles sobre la implementación de esta medida y sus implicancias directas para San Juan. Ginestar precisó que es una resolución nacional la que otorga el marco necesario para que los privados puedan invertir en la construcción de líneas eléctricas que posibiliten el transporte de la energía generada. Un dato de particular relevancia, y que ya está generando expectativas en el ámbito local, es que empresas mineras de gran envergadura ya están manifestando un claro interés y disposición a realizar este tipo de construcciones. Esta señal es vital, dado el alto consumo energético de la actividad minera en la provincia, proyectando una mejora significativa en la eficiencia y disponibilidad del servicio para el sector.

La normativa que habilita esta inversión es clara y contundente. Según detalló Ginestar, el Decreto 450/25 permite expresamente que los privados lleven a cabo estas obras, asumiendo plenamente el riesgo inherente a las mismas. Este cambio no es una casualidad, sino que se inscribe en una modificación más profunda en la legislación energética argentina. La energía, regulada históricamente por dos leyes nacionales, ha visto cómo a aquella que la califica como servicio público se le ha añadido "terminología liberal que le abre puerta a estas inversiones", según la interpretación de los funcionarios. Esto marca un antes y un después en la concepción del servicio y su financiamiento.

Esta apertura tiene una consecuencia directa y potente en el mercado eléctrico: "esto permite que cualquiera que genere energía pueda construir la línea y vender la energía". Es decir, el generador no solo tendrá la capacidad de producir electricidad en sus plantas, sino que también podrá construir la infraestructura de transporte necesaria para llevarla a destino, asumiendo tanto el costo como el riesgo que ello implica. Por supuesto, todas estas obras deberán cumplir rigurosamente con las normativas de seguridad vigentes y los estándares técnicos exigidos, garantizando la estabilidad y confiabilidad del sistema. Este punto es crucial para la provincia, dado que nuevas líneas de transporte significan mayor capacidad de conexión y, por ende, más oportunidades de desarrollo productivo y residencial.

En síntesis, San Juan, como parte integral del sistema eléctrico nacional, se verá directamente beneficiada por una política federal que busca un cambio de paradigma. La meta es clara: descomprimir la necesidad de inversión estatal en infraestructura de transporte energético, delegando una parte significativa de esa responsabilidad y, a la vez, de la oportunidad, al capital privado.

Si bien la provincia no tiene potestad para regular directamente la actividad de transporte, el nuevo esquema le permitirá observar y, potencialmente, fomentar la llegada de inversiones que mejoren y amplíen la red de transporte de energía. Este es un elemento crucial para el desarrollo económico sostenible de San Juan, especialmente en sectores de alto consumo como el minero, que demandan una infraestructura robusta y confiable para su expansión y operación. La expectativa en el sector es alta, anticipando un horizonte de mayor eficiencia y capacidad en el suministro eléctrico para toda la provincia.