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Directivo de Vicuña criticó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros
José Morea, country director de Vicuña Corp, uno de los proyectos de cobre más ambiciosos de la provincia, advirtió sobre la iniciativa de Ley de Proveedores que “es contraproducente” para la reputación de San Juan.
Por Marcos Ponce
El proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Sanjuaninos se debatió en el Argentina Cobre 2025. Esta iniciativa ha sido tema de discusión entre el sector privado y el Gobierno de San Juan. Tal como ha informado DIARIO HUARPE en anteriores ocasiones, este proyecto de ley busca asegurar un porcentaje mínimo de participación para las empresas locales en las compras y contrataciones de las grandes operadoras mineras. El objetivo es claro: fortalecer la economía regional, fomentar la creación de empleo y garantizar que los beneficios de la minería se queden en la provincia. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud en la industria, que teme que la obligatoriedad pueda afectar la competitividad y los estándares de transparencia, e incluso un directivo de Vicuña la criticó.
José Morea, country director de Vicuña Corp, fue enfático al explicar que la “minería sostenible” que practican sus accionistas a nivel mundial se basa en procesos abiertos y competitivos. “Tienen accionistas internacionales, porque hacen minería sostenible que ha avanzado mucho en las últimas décadas a nivel mundial”, sostuvo. Para él, San Juan no debe dar un “paso en ese sentido que limite la competencia y en cierta forma la transparencia de los procesos licitatorios”. Su principal preocupación radica en que la imposición de cupos podría dañar la imagen de la provincia, una reputación que ha sido clave para atraer proyectos que, como el de Vicuña, proyectan más de medio siglo de actividad, expresó en diario Los Andes.
El ejecutivo de Vicuña subrayó que, si bien la mayoría de los proveedores de su proyecto provendrán de la provincia, esta participación será el resultado de procesos de licitación transparentes y competitivos. "La minería sostenible que practican nuestros accionistas siempre termina derramando en las comunidades cercanas primero, pero siempre bajo procesos transparentes, competitivos y de diálogo constante", aseguró. La postura de la empresa es que el fomento de la participación local debe ser una consecuencia natural de la calidad y competitividad de los proveedores, no una imposición regulatoria.
El Gobierno de San Juan, en un esfuerzo por equilibrar los intereses, ha manifestado su intención de impulsar esta ley de manera consensuada. El objetivo no es solo la asignación de cupos, sino la creación de un marco normativo que fortalezca a las empresas locales para que estén en condiciones de competir. Esto incluye la inversión en infraestructura y programas de capacitación que permitan a los proveedores sanjuaninos cumplir con los altos estándares de calidad y seguridad que exige la industria minera internacional.
De esta manera, el desafío actual para el gobierno provincial es lograr una ley que promueva la participación local sin poner en riesgo la llegada de capitales internacionales. La advertencia de Vicuña Corp. pone en evidencia la delgada línea sobre la que caminan las autoridades: fomentar el desarrollo regional y, al mismo tiempo, proteger la imagen de un destino de inversiones que, hasta ahora, ha sido un caso de éxito en el país. El debate está abierto y la minería sanjuanina se encuentra en un punto crucial para definir su futuro.