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Educación y ciencia en Argentina: la historia cíclica del ajuste como política de Estado
Desde la Carpa Blanca en los '90 hasta el artículo 30 del Presupuesto 2026, la educación y la ciencia han sido recurrentemente las variables de ajuste en las crisis económicas argentinas. Un repaso por los cuatro períodos clave de recortes que explican la lucha actual por los pisos de financiamiento.
POR REDACCIÓN
La discusión en el Senado sobre el artículo 30 del Presupuesto 2026, que busca eliminar los pisos legales de financiamiento, no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de una historia cíclica en Argentina, donde la inversión en educación y ciencia ha funcionado como un termómetro de las prioridades políticas y económicas del Estado, frecuentemente sacrificada en los altares del ajuste fiscal.
Los periodos de desfinanciamiento a la Educación en Argentina
A lo largo de las últimas décadas, varios períodos se destacan por marcadas reducciones o estancamientos críticos en la financiación de estos pilares del desarrollo:
La Era Neoliberal (Década de 1990): Bajo la presidencia de Carlos Menem, las políticas de ajuste y reducción del Estado impactaron severamente en el sector público. La educación universitaria vio recortes en su financiamiento, un hecho que galvanizó la protesta social y dio origen a la Carpa Blanca docente (1997-1999), un símbolo duradero de la lucha por una ley de financiamiento educativo que garantizara fondos mínimos.
La Crisis del 2001-2002: En el epicentro del colapso, la desesperada Ley de Déficit Cero de 2001 impuso recortes transversales. Educación y ciencia, como áreas dependientes del presupuesto nacional, sufrieron severas amputaciones, profundizando la crisis institucional en medio de la recesión económica más aguda de la historia reciente.
El Estancamiento (2015-2019): Durante el gobierno de Mauricio Macri, si bien no hubo un desfinanciamiento abrupto como en otros períodos, la inversión no logró alcanzar la meta del 6% del PBI establecida por ley. El financiamiento educativo se estancó en términos reales, incumpliendo el compromiso de crecimiento progresivo y generando tensiones crecientes en el sistema universitario.
La crisis actual (2023-2025)
El período iniciado con la administración de Javier Milei representa, según múltiples análisis y alertas del sector, el episodio de desfinanciamiento más pronunciado y veloz en décadas.
En Educación: El presupuesto ajustado por inflación cayó en 2025 a su nivel más bajo en casi 20 años. Programas clave de formación docente fueron eliminados, y el financiamiento a las universidades nacionales se recortó drásticamente, comprometiendo el pago de salarios y el funcionamiento básico. La propuesta del Presupuesto 2026, con su artículo 30, busca institucionalizar esta lógica al derogar los marcos legales que exigen inversiones mínimas.
En Ciencia y Tecnología: El escenario es aún más crítico. El presupuesto del sector se redujo a nivales comparables a los de 2002, con recortes de hasta el 70% en partidas críticas para organismos como el CONICET, el INTA o la CONAE. La comunidad científica advierte sobre una "fuga de cerebros" masiva y una parálisis de la investigación, describiendo la situación como una crisis sin precedentes que pone en riesgo décadas de construcción de capacidades.
Un patrón que se repite
Históricamente, Argentina ha luchado por sostener una inversión robusta y constante. Incluso en períodos de crecimiento, la meta del 6% del PBI para educación rara vez se cumplió de manera sostenida, y la inversión en ciencia siempre estuvo por debajo de los estándares de países desarrollados.
La conclusión es clara: los períodos de ajuste fiscal en Argentina tienen, casi como un patrón inevitable, a la educación y la ciencia entre sus principales víctimas. La discusión de hoy en el Senado no es solo sobre porcentajes o artículos legales. Es sobre si se consolida un modelo donde estos sectores estratégicos dejen de ser un piso de derecho y se conviertan en un gasto variable, sujeto a los vaivenes de cada ciclo económico. El debate del Presupuesto 2026 es, en esencia, la definición de si la historia reciente de desfinanciamiento se convertirá en la norma permanente para el futuro del país.