Huarpe Deportivo > Sigue la polémica
El Gobierno nacional no entra en la disputa con la AFA
El Ejecutivo evita responder al paro y busca que la causa contra Tapia siga en el plano judicial.
POR REDACCIÓN
El anuncio de un paro en el fútbol argentino encendió la escena política, pero el Gobierno nacional eligió el silencio. Tras la citación a declaración indagatoria de Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunta evasión y apropiación indebida de tributos, la reacción oficial fue no reaccionar.
En la Casa Rosada aseguran que la decisión es estratégica. Consideran que cualquier pronunciamiento podría alimentar la narrativa de “persecución política” que la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino viene esgrimiendo desde hace tiempo. “No quieren pisar el palito”, sintetizó una fuente con acceso a la conversación política del Ejecutivo.
La causa tramita en el fuero penal económico y está a cargo del juez Diego Amarante, quien dispuso citar a los dirigentes tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El expediente se centra en la presunta retención de impuestos y aportes previsionales que no habrían sido ingresados en término.
Según fuentes oficiales, el Gobierno entiende que se trata de “un tema de la AFA con la Justicia” y no de una controversia política. Por eso, tras la suspensión de la fecha 9 del torneo, no hubo comunicados, conferencias ni mensajes en redes sociales desde el entorno presidencial.
El contraste es evidente: mientras la conducción del fútbol respondió con una medida de fuerza, el Ejecutivo optó por no escalar el conflicto. En Balcarce 50 sostienen que el expediente tiene sustento técnico y que la citación a indagatoria responde a una decisión judicial basada en documentación, vencimientos y montos retenidos, no a una maniobra política.
La denuncia de ARCA encuadra la conducta investigada en los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430, que tipifican la apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social cuando el agente de retención no deposita lo retenido dentro de los plazos legales. Las penas previstas van de dos a seis años de prisión.
Desde la AFA, en tanto, sostienen que no existe deuda exigible y que las obligaciones fueron canceladas en tiempo y forma, además de cuestionar la interpretación jurídica del organismo recaudador. El planteo ya fue elevado ante la Cámara de Apelaciones y aguarda resolución.
En medio de ese escenario, el Gobierno decidió correrse del centro de la escena. La estrategia es dejar que el expediente siga su curso en los tribunales y evitar que el conflicto se traslade al terreno político, donde, según entienden, podría adquirir una dimensión distinta.